La LXII Legislatura del Estado de México (Edomex) aprobó la homologación de la imagen institucional de todas las corporaciones policiacas. La medida establece estándares únicos para el balizamiento del parque vehicular oficial, uniformes, calzado, equipo de protección, insignias, logotipos, cromática y accesorios.
La iniciativa, presentada por la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez (Morena), impide que los cuerpos de seguridad utilicen colores, lemas o elementos vinculados a partidos políticos o agrupaciones. El objetivo es garantizar una identidad institucional clara y evitar usos electorales.
Reformas a la Ley de Seguridad y a la Ley Orgánica Municipal
El dictamen modifica ambas leyes para obligar a los ayuntamientos a adquirir vestuario, vehículos y equipo conforme a los estándares del Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública.
Los bienes deberán cumplir con especificaciones técnicas mínimas y con la cromática establecida.
Todo vehículo destinado a labores de seguridad deberá registrarse en el Catálogo de Bienes y Servicios del Sistema COMPRAMEX.
Vigilancia, lineamientos y sanciones
La Secretaría de Seguridad estatal deberá expedir lineamientos, supervisar el cumplimiento del manual e imponer sanciones o medidas correctivas cuando sea necesario.
También coordinará con los ayuntamientos la aplicación de los criterios de imagen institucional.
Debate legislativo: identidad, coordinación y autonomía
En comisiones, Rivera afirmó que la reforma fortalecerá la identidad de los cuerpos policiales y promoverá mayor profesionalización.
Los diputados Octavio Martínez Vargas y Elena García Martínez coincidieron en que un manual unificado facilitará la colaboración intermunicipal en operativos conjuntos.
A propuesta de Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), se añadió un plazo máximo de 10 días para que la Secretaría de Seguridad evalúe —sin carácter vinculante— cambios propuestos por los ayuntamientos, y se obligó a que las licitaciones incluyan especificaciones mínimas de diseño.
El diputado Mariano Camacho San Martín (PRI) apoyó la coordinación institucional, pero advirtió que la reforma podría vulnerar la autonomía municipal, al limitar la capacidad de los gobiernos locales para definir la imagen de sus corporaciones policiacas.
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