Tras el despliegue de la Operación Caudal en el Estado de México, que intervino 189 inmuebles en 48 municipios, localizó 51 pozos y 138 tomas clandestinas, y aseguró más de 300 pipas, las reacciones en el Congreso federal no se hicieron esperar.
Diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios coincidieron en que el llamado huachicoleo del agua es un problema que debe ser atendido con firmeza, aunque algunos advirtieron que la estrategia requiere resultados claros y justicia para los afectados.
La diputada Diana Icela López Orozco, de Morena, aseguró que el operativo es una acción necesaria.
“Hay que regularizarlo, es un tema muy importante que hay que atenderlo, al menos en mi municipio se me encontraron 12 pozos clandestinos (…) lo que está haciendo el gobierno del Estado y el gobierno federal es algo que se tenía que hacer”, afirmó.
En la misma línea, su compañero de bancada Gabriel Kalid Mohamed Báez calificó como “muy atinado” el actuar de la gobernadora Delfina Gómez, al señalar que en la entidad “siempre ha habido grupos que han abusado de este vital líquido, que han abusado para sacar recursos para sus propios bolsillos”.
El diputado Pedro Zenteno Santaella subrayó que “era necesario hacerlo”.
“El agua es un derecho humano y es de la nación. No se puede traficar con la necesidad de la gente (…) no vamos a doblarnos ante el chantaje porque está por encima de todo el bienestar de la ciudadanía y el derecho humano al agua”, afirmó.
Así mismo, Edmundo Luis Baldea Bastida coincidió en que la medida busca poner orden:
“Se tiene que atender, que se tiene que atacar y ya empezó el Gobierno Federal junto con el Gobierno del Estado y algunos municipios, por eso el bloqueo de hoy (…) tenemos que garantizar que el agua llegue por la red porque también eso de las pipas pues es un gran negocio de muchos”.
La diputada Mónica Álvarez Nemer, también de Morena, recordó que:
“Cuando fui legisladora en el Estado de México en la sexagésima primera legislatura, precisamente aprobamos el que el huachicol del agua fuera un delito (…) no puedes lucrar con el agua. Entonces, yo creo lo que se está haciendo son operativos necesarios por el bienestar del pueblo mexiquense”.
En tanto, Melva Carrasco Godínez expresó su respaldo a la mandataria estatal:
“Estamos totalmente en apoyo a nuestra querida gobernadora porque no podemos permitir que se sigan robando el agua (…) vamos a apoyar y respaldar desde la bancada mexiquense”.
Desde otra perspectiva, Ana Yurixi Leyva Piñón, diputada del PT, consideró que el operativo debe acompañarse de acciones judiciales contundentes:
“Hay una crisis hídrica en el estado y del momento generar este tipo de operativos y peor aún sin ninguna consecuencia o sin ninguna característica de los principales actores que tienen el huachicoleo en el estado, creo que es complicado (…) el fiscal debe entregar cuentas, debe detener a los que verdaderamente comercian con este vital líquido”.
Por su parte, Laura González Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), explicó:
“No soy la autoridad correspondiente para dar una opinión al respecto, porque fue un operativo pensado, planificado y con un objetivo muy claro: poder transmitirle a la sociedad que toda actividad ilícita en el Estado de México va a tener una consecuencia”.
Contexto
Este lunes 27 de octubre, las calles del Edomex amanecieron bloqueadas por integrantes de organizaciones de piperos —entre ellas ACME, USON, Los 300, Libertad, 25 de Marzo y Chokiza—, quienes protestaron por la clausura de sus instalaciones, señaladas por presunto robo y distribución ilegal del recurso.
Los cierres afectaron vialidades como Jiménez Cantú, Primero de Mayo y Constitución, además de tramos de la autopista México–Querétaro, en una jornada que reflejó la tensión que rodea a esta operación.
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