Toluca, México; 19 de enero de 2019. El tema del huachicoleo arde en las redes sociales como la toma clandestina que se incendió ayer en Tlahuelipan, Hidalgo; la polarización de opiniones se recrudece y, en el límite de la deshumanización, los comentarios acerca de los 73 muertos y 74 heridos se pregona como un escarmiento a la comisión de un delito.
En la zona norte del Estado de México, la práctica de la extracción ilegal de combustible ha sido registrada múltiples veces tanto por los medios de comunicación como por instituciones de seguridad, las cuales han realizado detenciones sistemáticas de presuntos huachicoleros.
El 21 de junio de 2018, AD reportó que elementos de la Policía Federal hallaron un túnel de 30 metros de profundidad debajo de una residencia ubicada en la localidad de San Cristóbal Huichochitlán perteneciente al municipio de Toluca, que conducía a un ducto de la empresa productiva Pemex, de donde se extraía ilegalmente combustible para su venta en el mercado negro.
El 23 de octubre de 2018, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) aseguró que eran 70 los pozos contaminados con gasolina en esta zona; entonces, el vocal ejecutivo de esta dependencia, Alfredo Pérez Guzmán, mencionó, sin conceder, que la causa del percance podría estar relacionada con la ordeña ilegal de combustible, aunque declaró que no había un dictamen preciso porque la Secretaría de la Defensa intervino directamente.
La lucha contra el huachicoleo, anunciada por el gobierno federal, representado por Andrés Manuel López Obrador, ha generado situaciones que van más allá de los comentarios en redes. Aunque lo más evidente es el desabasto de gasolina, las repercusiones han llegado a situaciones graves.
El 16 de enero, la revista Proceso publicó que fue encontrada en Acambay “una conexión ilegal en el poliducto de 16 pulgadas del tramo Palmillas-Toluca, así como una manguera negra de alta presión de dos pulgadas de diámetro conectada de manera irregular, lo que provocaba un encharcamiento de carburante”.
Estas acciones han sido conocidas pero por alguna razón no se había actuado respecto a ellas; ahora las confrontaciones se han radicalizado en las filas de gasolina, en las redes y en los poblados se han radicalizado y las posiciones de los gobiernos se han movido.
Hasta ahora, las tareas del gobierno de Toluca se han circunscrito a seguir y apoyar la estrategia federal, por ejemplo, ante el desabasto, el alcalde, Juan Rodolfo Sánchez Gómez anunció que cubriría los gastos del traslado de gasolina para enfrentar el desbasto de combustible por el que atraviesa la capital mexiquense. Hoy por la mañana indicó que se reforzarían la vigilancia en San Pablo Autopan y San Cayetano.
La propuesta de terminar con el crimen del huachicoleo provino del gobierno federal; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, se alineó a la estrategia y Juan Rodolfo también lo ha hecho, sin embargo, tanto en la entidad como en el resto del país, este delito existe desde hace tiempo, la crisis, desde la perspectiva del desabasto, de la corrupción, de la explosiones estaba anunciada.
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