Durante la última década, Huixquilucan ha vivido una transformación urbana visible, pero socialmente fragmentada. Desde 2015, el municipio ha sido gobernado por una misma línea política: primero Enrique Vargas del Villar y después su esposa, Romina Contreras Carrasco. Una década de continuidad institucional que, sin embargo, no ha logrado transformar la realidad de la mayoría de sus habitantes.
Entre 2010 y 2020, la población creció en un 17.7 %, alcanzando casi 285 mil personas. Pero ese aumento demográfico no vino acompañado de un avance equitativo. Según cifras oficiales, el 44.4 % de los habitantes vivía en pobreza moderada y el 6.9 % en pobreza extrema. La mitad del municipio sigue enfrentando dificultades estructurales para acceder a bienestar básico.
La desigualdad también se mantiene sin cambios significativos. El índice de Gini —que mide la concentración de riqueza— se situó en 0.406 en 2020, uno de los más altos del Estado de México. La brecha entre quienes todo lo tienen y quienes todo lo esperan es amplia y persistente.
Mientras tanto, zonas como Bosque Real se han consolidado como enclaves de lujo: más de cinco millones de metros cuadrados destinados a residencias exclusivas, campos de golf y servicios de alto nivel. En esas zonas, el valor del metro cuadrado supera los 40 mil pesos. En contraste, colonias como El Hielo, San Fernando o Magdalena Chichicaspa sobreviven con calles de tierra, acceso limitado a agua potable y servicios básicos intermitentes.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, más de la mitad de sus habitantes —151.866 personas, el 51,3 %— vive en situación de pobreza. De ese total, 131.446 padecen pobreza moderada (44,4 %) y 20.420 enfrentan condiciones de pobreza extrema (6,9 %). Tan solo el 15,1 % de la población —44.553 personas— no se encuentra en situación de pobreza ni de vulnerabilidad.
Según el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Huixquilucan experimentó una disminución en su Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el periodo de una década. En 2010, el municipio registró un IDH de 0.803, mientras que en 2020 descendió a 0.778, lo que representa un retroceso en los niveles de bienestar general. Este puntaje se determina a partir de indicadores como la calidad y esperanza de vida, el nivel educativo, el ingreso económico anual promedio y el Producto Interno Bruto per cápita.
Esta caída también se refleja en el ingreso corriente total per cápita. En 2010, la cifra alcanzaba $4,221.60 pesos, pero para 2020 había disminuido a $3,711.65 pesos. Pese a los discursos de modernización, los indicadores muestran que el crecimiento económico y social no ha sido sostenido ni equitativo para toda la población.
El Pedregal: la cara más olvidada del municipio más lujoso
A unos metros de los campos de golf y las casas de millones, está El Pedregal, la colonia con mayores índices de pobreza en Huixquilucan. Aquí no hay clubes privados ni lobbies con mármol. Hay casas con techos endebles, pisos de tierra y calles sin alumbrado. La precariedad y el lujo conviven separados solo por una barda.
Según datos recopilados por Infobae, 10 mil 440 viviendas en el municipio no tienen acceso al agua potable, 801 tienen pisos de tierra, 912 están cubiertas con techos de materiales frágiles, y 321 casas enteras fueron construidas con materiales de baja calidad. En al menos 67 hogares ni siquiera hay instalaciones eléctricas adecuadas.
En El Pedregal, los vecinos fundaron por cuenta propia una primaria en 1992. Para 2015, tras años de exigencias a las autoridades, solo se les entregó un salón de clases, a pesar de la promesa de adquirir terrenos para construir más escuelas. Hoy, el municipio cuenta con 74,994 estudiantes; sin embargo, 29,857 personas están en rezago educativo, de acuerdo con información del mismo medio.
Las carencias son múltiples
El 17,4 % de la población (51.565 personas) no tiene acceso a servicios básicos en su vivienda; un 64,6 % carece de seguridad social y más de un tercio (36,4 %) no cuenta con servicios de salud. A pesar de ello, el municipio ha priorizado inversiones en urbanización —construcción de vialidades, banquetas, y obra pública visible— por encima de las necesidades estructurales de agua potable, drenaje o electrificación. Así lo revela el destino del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), que concentra el gasto en infraestructura urbana, mientras miles de familias viven aún sin acceso a lo más elemental.
La expansión urbana ha sido favorecida por decisiones municipales. Al menos 12 desarrolladoras inmobiliarias obtuvieron licencias directas para construir en la última década. Algunas investigaciones periodísticas apuntan a contratos por más de 120 millones de pesos vinculados a empresas relacionadas con la gestión local. Lo que debía ser desarrollo común, se convirtió en crecimiento concentrado.
A pesar del aumento de la recaudación municipal —más del 50 % de los ingresos provienen de recursos propios desde 2020—, los beneficios del crecimiento no se han redistribuido. No hay una política de vivienda social ambiciosa, ni mejoras visibles en infraestructura comunitaria, ni planes efectivos para reducir la desigualdad territorial.
Huixquilucan se ha vuelto, en muchos sentidos, el espejo de un modelo nacional: modernización para unos cuantos, rezago estructural para el resto. El “desarrollo” está, pero no está para todos. Y diez años de gobierno continuo no han sido suficientes para cerrar esa herida.
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