Una investigación federal con información del Centro Nacional de Inteligencia condujo a una fábrica de cigarros falsificados en Huixquilucan. La FGR estima una afectación al mercado ilegal de hasta 330 millones de pesos y sigue una red de proveedores y puntos de venta del Valle de México. El expediente deja pendiente otra explicación: bajo qué condiciones operaba el establecimiento y qué controles pasó.
Había cigarros que todavía no llegaban a serlo. Tabaco en cajas, filtros separados, papel en rollos. Más adelante estaban las charolas, el producto sin terminar y las cajetillas. En una bodega de Huixquilucan, las autoridades federales encontraron una fábrica en sus distintas etapas: desde la materia prima hasta el empaque destinado al comprador.
El inventario permite recorrerla. Cuatro máquinas para elaborar y producir cigarros; un compresor; 98 cajas de tabaco; 293 de filtros; 32 de cigarro sin terminar y 80 charolas. La instalación reunía los materiales necesarios para fabricar, empacar y almacenar.
En el último tramo del proceso estaba la apariencia. El cigarro necesitaba una envoltura que lo presentara como auténtico. Las autoridades localizaron 646 paquetes de marquilla y 701 rollos de papel adherible para marquilla, además de 2,926 rollos de celofán, 4,032 de papel para cigarro verde y 780 de papel blanco.
También reportaron más de dos millones de cigarros, 170 cajas con 102 mil cajetillas y dos vehículos. El comunicado no aclara si las unidades y las cajetillas corresponden a la misma mercancía contabilizada de dos maneras. Informó, además, de 60 toneladas de cigarros apócrifos, sin desglosar cómo se integró ese peso.
La investigación llegó antes que los agentes.
Las autoridades seguían la venta y distribución de productos ilegales en el Estado de México. Con información del Centro Nacional de Inteligencia, los investigadores reunieron datos sobre el inmueble, los presentaron ante un juez de control y obtuvieron la orden de cateo.
El anuncio federal del 2 de octubre identificó la participación de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina y la Fiscalía General de la República, mediante la Agencia de Investigación Criminal. La intervención del CNI sitúa el caso dentro del trabajo de los aparatos nacionales de inteligencia y seguridad, aunque las autoridades no han explicado qué información aportó ni cuál fue la primera pista.
La versión pública cuenta cómo se autorizó la entrada. Falta el episodio que condujo a la puerta: dónde apareció la mercancía, qué permitió seguirla y cuánto duró la investigación.
Durante el cateo fueron detenidos tres hombres. La Jornada los identificó como Matthew Russell Montour, Elliot Benchimol y Antonio Marines Marines. Los dos primeros son canadienses; el tercero, mexicano. Sus nombres aparecen en la cobertura del operativo. Sus funciones dentro del negocio no han sido detalladas públicamente. Tampoco se ha establecido que fueran los propietarios de la fábrica.
El inmueble quedó sellado y bajo resguardo. Dentro permanecieron las máquinas y los insumos de una operación cuyo alcance empezó a conocerse dos días después.
El 4 de octubre, la FGR estimó una afectación de entre 225 y 330 millones de pesos al mercado ilícito de tabaco. La valoración comprende el producto terminado, la maquinaria, los materiales y la capacidad de producción. No equivale a ventas comprobadas ni a dinero encontrado en la bodega.
La cifra habla de la escala. Los documentos podrían explicar el negocio.
La Fiscalía anunció evidencia documental, electrónica y financiera relacionada con la cadena de suministro. Describió una posible red de producción, abastecimiento, almacenamiento y distribución con presencia en diversos puntos comerciales de la Zona Metropolitana del Valle de México. La investigación quedó bajo conducción de la Fiscalía Especializada de Control Competencial; el inventario procedía de una diligencia de su Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial.
Hasta la bodega llegaban tabaco, filtros, papel y empaques. De allí debía salir la mercancía hacia los compradores. Entre ambos extremos había pagos, entregas y almacenamiento. La información pública todavía no identifica a los proveedores, transportistas o establecimientos que integraban esa cadena.
Tampoco precisa la procedencia del tabaco. La nacionalidad de dos detenidos no acredita que fuera importado de Canadá ni que existiera una conexión comercial con ese país.
Huixquilucan suele contarse desde sus residencias. Este caso obliga a mirar sus espacios de trabajo.
El municipio reúne enclaves de grandes fortunas, pueblos y zonas industriales. Compartir territorio no demuestra una relación entre sus habitantes y la fábrica. Sí devuelve la atención a un ámbito menos fotografiado que las casas y los centros comerciales: los establecimientos donde se produce, se almacena y se mueve mercancía.
Una fábrica tiene, además de maquinaria, una historia administrativa. Un ocupante, un domicilio y una actividad declarada. El expediente debe permitir saber a nombre de quién operaba, qué giro registró, qué autorizaciones obtuvo y cuándo recibió una inspección.
Esas respuestas son necesarias para determinar el alcance de la responsabilidad municipal. La escala del hallazgo justifica revisar los controles; no demuestra, por sí sola, que un funcionario conociera la falsificación. Las licencias, las visitas y las actas deben mostrar qué sabía la autoridad sobre aquel establecimiento.
El 9 de octubre, la FGR anunció que un juez había vinculado a proceso a Mathew “N”, Elliot “N” y Antonio “N” por su probable participación en delitos contra la propiedad industrial, en materia de control del tabaco y por portación de arma y cartuchos de uso exclusivo militar. Les impuso prisión preventiva y fijó cuatro meses de investigación complementaria. El comunicado no detalló la conducta atribuida a cada uno.
La legislación federal permite seguir la operación hacia los proveedores. Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender comercialmente objetos con marcas falsificadas puede castigarse con tres a diez años de prisión y multa de 2,000 a 500,000 UMA. El supuesto incluye a quienes aportan materias primas o insumos a sabiendas de que se destinarán a esa producción. El conocimiento del destino ilícito debe probarse.
Las penas por armas y cartuchos dependen de su clasificación y cantidad. Sin esos datos y sin los artículos precisos de la imputación, no es posible establecer una condena aplicable al caso. La vinculación abre el proceso; todavía no determina culpabilidad.
La Fiscalía sostiene que había una red. Identificarla exige salir de la bodega y seguir sus cuentas.
Quién compraba el tabaco. Quién suministraba las envolturas. Quién recibía las cajetillas. Quién cobraba. La información difundida tampoco permite atribuir la operación a una organización criminal específica ni afirmar que exista una imputación por delincuencia organizada.
El cateo encontró el lugar donde se fabricaban los cigarros. Para entender el negocio falta reconstruir lo que ocurría antes de que llegara la materia prima y después de que saliera la mercancía.
En Huixquilucan, una puerta quedó sellada. Las cuentas, los permisos y los puntos de venta deben abrir el resto de la historia.
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