Una verdadera charada resultó la declaración de la magistrada Norma Piña con relación al apoyo por 15 mil millones de pesos para los damnificados de Acapulco con cargo a los fideicomisos que la Cámara de Diputados en ejercicio de sus atribuciones decidió extinguir.
Es una puesta en escena su carta de disposición al diálogo, ya que, por un lado, la publicaba y, por otro, se daba a conocer que un juez, de esos supuestamente en paro, concedía la suspensión de la entrega de dichos fideicomisos.
Lo cierto es que, como se preveía, en el presente asunto el Poder Judicial Federal es juez y parte. Si como defienden sus privilegios defendieran a los ciudadanos, otro gallo les cantaría, por ello “la casta dorada” carece del apoyo y reconocimiento social.
Precisamente, en el Estado de México, miles de trabajadores que cotizaban al ISSEMyM han salido afectados por una jurisprudencia emitida en los tribunales colegiados en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación.
Y es que los trabajadores, a la hora de reclamar sus derechos de pensión jubilatoria, se toparon con que no aplicaba la ley con la que fueron contratados, ya que, según los juzgadores, eso era una expectativa, no un derecho vigente.
Ese mismo criterio afectó a los beneficiarios del seguro de fallecimiento, porque este ya no se paga en salarios mínimos, sino en UMAs.
Resulta curioso cómo en el caso de ellos el posible uso del dinero en los fideicomisos no es una expectativa.
Pero lo que también es un hecho, del que poco se da cuenta en los medios, es que todos los días trabajadores del Poder Judicial salen con megáfono en mano a gritar consignas en contra de AMLO y la Cuarta Transformación. Están en plena campaña. Tardará, pero ya inició el derrumbe de la casta de los privilegios.