Skip to content Skip to footer

Incluyen al Nevado de Toluca en plataforma internacional de conflictos ambientales

La publicación revive la exigencia por la recategorización a Parque Nacional del Nevado de Toluca

Este viernes se publicó el artículo “Área Natural Protegida y deforestación en el Nevado de Toluca, México” en el Atlas de Justicia Ambiental (“Environmental Justice Atlas”), plataforma que documenta los conflictos ambientales más relevantes a nivel internacional; a la fecha resguarda 3 mil 407 investigaciones sobre medio ambiente.

El estudio “Área Natural Protegida y deforestación en el Nevado de Toluca, México” explica que el cambio del estatus de protección del parque, en donde se pasó de Parque Nacional a Área de Protección de Flora y Fauna en 2013, no ha disminuido la deforestación en el área protegida del volcán Xinantécatl.

La investigación precisa que la recategorización, efectuada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no disminuyó los niveles de tala clandestina y daño al ambiente, tal como había justificado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para cambiar la categoría del área Natural.

Por el contrario, la deforestación aumentó casi el doble luego de 6 años de que el Nevado de Toluca dejó de ser Parque Nacional. Este incremento se debe, principalmente, a la deforestación durante el 2018, cuando se perdieron 66.35 ha de bosque, la mayoría de la cual ocurrió en el municipio de Calimaya en una plantación de cedros.

El artículo menciona que aún sin considerar esta deforestación en Calimaya (puesto que las autoridades argumentan un supuesto permiso) la pérdida de la cobertura forestal sigue siendo similar después del cambio de categoría.

Alcance internacional del deterioro del Nevado

Al respecto el abogado del proceso en contra de la recategorización del Nevado de Toluca y en contra de la ruta de senderismo, Hugo Hernández Carrión, destacó en entrevista que, la investigación publicada en el Atlas de Justicia Ambiental es un esfuerzo muy importante que ayuda a las comunidades de la zona que se encuentran luchando por cuestiones socioambientales. 

“Creo que le puede dar una potencialidad y difusión internacional, pues hasta el momento no había tenido ese impacto a mí parecer, sí habían estado trabajando los compañeros a nivel nacional y local pero no se tenía la posibilidad de incidir a ese nivel”, detalló.

Te puede interesar: Ayahualtempa: un pueblo atrapado entre el abandono y el acecho del narco en México

Otro tema preocupante que se menciona es que más de la mitad del bosque de oyamel del ANP queda contenido dentro del área donde se permite la tala y que este bosque es de suma importancia para la conservación de especies endémicas y amenazadas como la salamandra Pseudoeurycea robertsi.

Además, en el artículo también se argumenta que la pérdida de cobertura forestal alrededor del ANP también se ha incrementado considerablemente después del cambio de categoría, especialmente en 2018, cuando se perdieron casi 400 ha de bosque, por lo que permitir la tala dentro del área natural protegida no ha reducido la tala en los bosques de los alrededores, sino que esta se ha incrementado. Según la CONANP la regulación se realizaba con el objetivo de resarcir el deterioro ambiental del Parque Nacional que, de acuerdo con la institución, se debía a la pobreza de las comunidades aledañas, quienes se veían obligados a recurrir a la tala y el daño del medio ambiente para su subsistencia.

Otro tema preocupante que se menciona es que más de la mitad del bosque de oyamel del ANP queda contenido dentro del área donde se permite la tala

No obstante, la investigación resalta que la visión de la CONANP deja fuera las tradiciones y costumbres que las comunidades indígenas asentadas en la zona tienen para la protección del medio ambiente y , por el contrario, son las propias comunidades las que pasan a ser un sector vulnerable después de la regulación, al culparlos del deterioro.

La lucha por la recategorización

Hernández Carrión añadió que una de las exigencias más importante de la comunidad es que se vuelva a recategorizar el área protegida como Parque Nacional, además de exigir que se cumplan los derechos humanos que los habitantes tienen como población originaria. 

“La primera exigencia es que vuelva a ser catalogado como Parque Nacional y, a la par, que se cumplan los derechos humanos que ellos tienen como población originaria; la cuestión de la libre determinación, la autonomía, la decisión propia de qué hacer con sus recursos naturales y el territorio (…) que no se construyan rutas de senderismo y que no se le brinde el territorio a empresas privadas”, precisó. 

Aunado a esto, en “Área Natural Protegida y deforestación en el Nevado de Toluca, México” los investigadores señalan que la regulación del Parque deriva y fomenta el extractivismo, lo que intensifica el deterioro ambiental.

“El cambio de categoría refleja una intención de fomentar el extractivismo de recursos naturales en la zona pero no solo para los habitantes locales, ya que brinda oportunidades para actividades comerciales en una escala mayor de la que pueden emprender las comunidades rurales”, precisa el documento.

Además de poner en riesgo la propiedad comunal de la zona, es decir, la nueva regulación fomenta la privatización del Nevado de Toluca para fines comerciales y turísticos, que solo beneficiaría a una élite.

Cabe destacar que los objetivos del Atlas de Justicia Ambiental son visibilizar los procesos que las comunidades emprenden en pro del medio ambiente, denunciar los deterioros ocasionados por empresas y agilizar los procesos de impartición de justicia.

“A medida que los bienes naturales necesitados para alimentar nuestra economía se mueven a través de la cadena de producción desde la extracción, el procesamiento y la distribución, en cada etapa los impactos ambientales son sufridos por las poblaciones más marginalizadas”, precisa el sitio web.

De Parque Nacional a Área de Protección de la Flora y Fauna

En 1936 durante el sexenio del General Lázaro Cardenas la zona fue declarada Parque Nacional; abarcando 53 mil hectáreas, es decir, 9 municipios mexiquenses. La propiedad está catalogada, en su mayoría, como propiedad ejidal y agraria.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el Parque Nacional “es la segunda categoría con mayor superficie después de la de Reserva de la Biosfera y la primera por el número de áreas naturales que protege (…) gozan de la protección más alta ya que en ellos solo están permitidas actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos.”

En el año 2013, en el sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto, se aprobó la regulación del Parque Nacional y se convirtió en Área de Protección de la Flora y la Fauna, el proyecto fue sustentado por investigadores expertos en el tema que avalaron la supuesta conservación del ecosistema.

Sin embargo, esto no sucedió así, el 75% de lo que era el Parque Nacional quedó desprotegido, se autorizó la tala de árboles y la implementación del suelo para uso agrícola y ganadero. Solo un 25% del área natural mantuvo restricciones para actividades productivas, con la intención de su conservación.

El área de Protección de la Flora y Fauna “permite la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia”, detalla la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Según el documento que aprobó la regulación del Nevado de Toluca, se verificaría que los taladores respetarán las restricciones para conservar el ecosistema y la fauna; sin embargo, a casi 8 años el deterioro y daño a la flora y fauna es evidente; tal como se muestra en el “Environmental Justice Atlas”.