Madres, esposas y hermanas del Colectivo Haz Valer Mi Libertad, buscan desesperadamente la liberación de sus “presos injustamente”, y mantienen una esperanza, tras el sí al diálogo anunciado por el gobierno de Delfina Gómez, que resulte en la apertura de mesas de trabajo, a las que se sume no solo representantes legales, también autoridades del propio gobierno y particularmente, del Poder Judicial del Estado de México, instancia que no ha fijado una postura clara al respecto.
El colectivo busca un diálogo con las autoridades estatales para que se revisen los casos y concedan la libertad de 17 personas recluidas de manera injusta, a decir de este colectivo, mientras sus integrantes han solicitado para ello, obtener amnistías.
El 16 de agosto de este año, durante el informe del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, y luego de darse a conocer la negativa de dar luz verde a las solicitudes amnistías por parte del Poder Judicial mexiquense, el diputado Max Correa, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, respaldó al colectivo e hizo un llamado al entonces gobernador Alfredo del Mazo, para considerar la ley de indulto como otra posibilidad de justicia para los aún presos.
Alfredo del Mazo se fue sin atender el tema, dijo el diputado Max Correa, en entrevista con AD Noticias, en la que precisó que mantiene en pie su palabra de ayudar al colectivo, a ser atendidos.
Recordó que el planteamiento del indulto fue dirigido al gobernador Alfredo del Mazo para que tuviera una salida justa y digna, para él mismo, y para las personas víctimas de fabricación de delitos, pero con la nueva gobernadora Delfina Gómez, aseguró se impulsará nuevamente la aplicación de la ley de amnistía,
“Considero que la amnistía sería el recurso más viable para los presos inocentes y que en el nuevo contexto político, el presidente del Tribunal del Poder Judicial podría reconsiderar. No se trata de que le acreditemos la inocencia de las personas, sino que hubo una posible violación al debido proceso o se afectaron derechos humanos”, refirió.
Recordó que desde 2020, que se hizo realidad dicha ley en el Edomex se liberaron 3 mil personas privadas de la libertad por medio de la amnistía, por lo que consideró que será un tema de voluntad política de parte del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo aplicar las leyes vigentes y agotar las posibilidades.
Han pasado casi 4 meses desde que el colectivo hizo suyas las inmediaciones del Palacio de Gobierno para seguir con lucha por la justicia y la liberación de personas encarceladas, pero aun su petición es ignorada.
Con el arranque de una nueva administración y de nueva cuenta en plantón permanente, la esperanza del colectivo para hacer justicia a quienes han sido víctimas de un sistema defectuoso está puesta en la nueva gobernadora Delfina Gómez, quien al momento -a decir de este colectivo- les ha demostrado voluntad política y empatía para con las víctimas.
Lady Plácido Arroyo, integrante del Colectivo, recordó que en la reunión que sostuvieron con representantes del Poder Ejecutivo, previo a la huelga de hambre, se abordó la grave problemática de la fabricación de delitos que afectó a muchas personas.
A esto, dijo, se agregó el tema de la tortura como elemento sistemático y recurrente en la detención de individuos, acompañada de la presencia de detenciones arbitrarias.
La activista comentó que si bien no se ha establecido una fecha de inicio para estas mesas de trabajo, el colectivo ya ha proporcionado datos generales de cada uno de sus casos y las vías por las cuales sus miembros podrían recuperar su libertad.
Entre ellas, recordó, destacan tres propuestas para resolver la situación de las personas injustamente presas.
La primera es la amnistía, considerada el canal más directo y viable; la segunda es el indulto, que está en consonancia con la ley y se aplica cuando hay indicios de violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido, puntualizó, el colectivo, en sus casos, no solo hay indicios, sino también documentación que respalda las violaciones a los derechos humanos que sus seres queridos han sufrido.
Una tercera propuesta, explicó, es que la propia Legislatura se posicione por los presos a quienes se les ha reconocido como víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos y al debido proceso.
“La Legislatura tendrían que haber hecho eso desde un principio, pero quitaron al diputado Max Correa, pieza clave del trabajo de la Comisión y el diputado Sosa, del PT, que asumió la presidencia, nunca defendió a los injustamente presos”, dijo.
Adelantó que el colectivo hará un llamado a la Legislatura para que la Comisión de Amnistía sea encabezada por un diputado que tenga conocimiento e interés en el tema.
Asimismo, explicó, también buscará reactivar las mesas de trabajo que habían avanzado en 2021 y que incluyeron la participación de la Legislatura, el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos, pues en ellas, prácticamente se realizó la revisión de todos los casos.
Última reforma a la ley del indulto
En 2016, a petición del gobernador Eruviel Ávila Villegas se reformó la Ley del Indulto en la que se estableció el indulto por gracia, que extinguiría la pena de mujeres embarazadas, con hijos menores de 18 años, a mayores de 70 años, integrantes de etnias, enfermos en fase terminal y reclusos con buena conducta, que representaban el 30% de la población penitenciaria.
Por otro lado, el indulto necesario para quienes sufrieron violaciones graves al procedimiento o a sus derechos humanos y que trascendieron al sentido de la sentencia.
Sin embargo, afirmó, el indulto procede para todos sus presos inocentes por el simple hecho de que existen los indicios de violación a sus derechos humanos.
“Con eso tenemos, porque no hay solamente un indicio, hay violaciones a derechos humanos, detenciones, arbitrajes, tortura, la incomunicación también es una violación. Entonces en todos nuestros casos ese es el hilo conductor que se ha llevado”, concluyó.
Viabilidad del indulto
A decir de la investigadora del Colegio Mexiquense, Maydelí Gallardo Rosado, experta en derecho penal y política criminal, la figura del indulto es a menudo poco comprendida y utilizada para corregir errores en el sistema judicial y legislativo.
Su propósito principal, señaló, es brindar una vía de escape cuando se ha dictado una condena que se considera injusta o excesivamente severa. Aunque también puede servir para garantizar que las leyes y el proceso legal se apliquen de manera justa.
Sin embargo, no existe una obligación legal de conceder un indulto, lo que significa que es una facultad discrecional, reiteró.
Procedimiento
En la actualidad, solo el Poder Ejecutivo a nivel federal (el presidente de la república), y a nivel local (los gobernadores), tienen la facultad de conceder indultos.
Para que el indulto sea considerado, la persona condenada debe haber agotado todos los recursos legales disponibles y haber recibido una sentencia condenatoria irrevocable.
Además, se requiere un dictamen del órgano ejecutor de la sanción que demuestre que el individuo que se pretende poner en libertad tiene un alto grado de reinserción social y no representa un riesgo para la seguridad pública.
Diferencias entre indulto y amnistía
• El indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía supone el perdón del delito.
Para otorgar el indulto es necesario un acto administrativo; para la amnistía es necesaria una ley.
• La amnistía extingue los antecedentes penales, mientras que el indulto no lo hace necesariamente.
• Para otorgar un indulto es necesaria sentencia firme; para la amnistía no.
• La amnistía, por lo general, se aplica a los delitos políticos y los indultos a delitos de cualquier orden.