Echarle ganas no alcanza. En el México de hoy, pararse a las 5 de la mañana para ir a trabajar a kilómetros de distancia; terminar hasta ya muy tarde; ahorrar lo más que se puede y no descansar sino hasta la vejez, es insuficiente. El trabajo en México no es la vía para la movilidad social de la mayoría. La razón es esta: el modelo de acumulación deja afuera a más de la mitad de la población trabajadora.
Con los datos más recientes del INEGI, sabemos que en México trabajan prácticamente 60 millones de personas, pero más de la mitad (54.9%) lo hace informalmente. Y no lo hace por voluntad propia. No somos una sociedad con vocación de vendedor ambulante. Informalidad se refiere a trabajos remunerados, pero sin acceso a seguridad social, contratos, IMSS/ISSSTE, aguinaldo, etc. Esos son el tipo de empleos que ofrecen muchas empresas en gran parte del país y son tomados como “normales”.
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¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hemos normalizado esta precariedad laboral generalizada? Es que estamos hablando de un fenómeno que empezó a extenderse hace ya unos 50 años. En la década de los 70s, estudios iniciales de la Secretaría del Trabajo, en colaboración con la OIT, identificaron un ya notable sector informal en las ciudades más grandes, que estaba ligado a la urbanización acelerada y la migración rural. Ya teníamos un buen tiempo con el modelo de sustitución de importaciones, que generaba empleo industrial formal, pero no suficiente para absorber el crecimiento demográfico, así que una “válvula de escape” eran los empleos informales.
Pero fue en los años 80 cuando la informalidad se consolidó como dominante. La crisis de la deuda de 1982, cuando finalizó el gobierno de López Portillo, seguida de los ajustes neoliberales que implementó Miguel de la Madrid y continuó Salinas de Gortari (reducción del gasto público, privatizaciones y apertura comercial gradual con el GATT en 1986), provocaron una contracción del empleo formal y una caída del salario real. El sector informal creció como estrategia de supervivencia masiva, absorbiendo el impacto de esos ajustes macroeconómicos.
Ya en los 90, con la crisis que generaron Salinas y Zedillo entre 1994-1995 y la entrada en vigor del TLCAN, se acentuó esta tendencia: la desindustrialización prematura hizo que el empleo formal perdiera peso relativo, mientras la apertura favorecía sectores intensivos en capital, pero no en mano de obra calificada. Un factor clave en esta evolución ha sido la terciarización de la economía, que representa hoy el 60-66% del PIB y más del 60% del empleo.
Y es que, en México, a diferencia de las economías maduras, no creció el sector servicios después de una industrialización robusta, sino que se aceleró desde los 1980 por la hiperurbanización y la incapacidad industrial para generar puestos de trabajo formal. Gran parte del crecimiento terciario se concentra en ramas informales, como el comercio ambulante, servicios personales y el transporte precario con muy poca sin regulación. Esto crea un círculo vicioso: bajo crecimiento económico (promedio de 2% anual en décadas recientes) genera poco empleo formal, empujando al terciario informal, que a su vez reduce la productividad agregada y limita recursos fiscales para políticas inclusivas.
En suma, esta informalización de los servicios está directamente relacionada con la persistencia de la desigualdad, explicando por qué, desde la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2005, la informalidad ha oscilado entre 54% y 60%, resistiendo reformas laborales y periodos de nearshoring. Se puede afirmar, entonces, que la informalidad no es un mero accidente coyuntural, sino un síntoma de una estructura social dual, donde el sector formal coexiste con un vasto segmento precario que actúa como amortiguador para el excedente de mano de obra.
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Hay que decirlo como es: la precariedad laboral en México es ya la normalidad. La consecuencia es que la vulnerabilidad se reproduce intergeneracionalmente, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión. En el núcleo de esta desigualdad yace un dualismo estructural persistente: por un lado, el sector formal, concentrado en industrias manufactureras, exportadoras y servicios de alto valor, en regiones como el norte y las zonas metropolitanas, que beneficia principalmente a trabajadores con mayor capital educativo y redes sociales. Y, en contraste, el otro sector, el informal, que absorbe a los marginados: migrantes rurales-urbanos, mujeres con cargas de cuidado, indígenas y habitantes del sur-centro del país. Esta estratificación no solo implica ingresos 40-50% inferiores en el sector informal, sino también una mayor exposición a riesgos como enfermedades, desempleo cíclico o vejez sin pensiones.
Lo que hemos generado como país a lo largo de cinco décadas es un sistema económico que refuerza la reproducción de la desigualdad: los hijos de informales tienen menor acceso a educación de calidad, limitando su movilidad social y perpetuando brechas de clase, género y etnia.
La informalidad masiva también debilita el poder colectivo, con sindicatos casi inexistentes en este ámbito, reduciendo la capacidad de negociación y fomentando una dependencia de programas asistenciales estatales que, aunque paliativos, no resuelven la exclusión subyacente.
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Aumentar el salario mínimo, reducir la jornada laboral, incorporar a los trabajadores de plataforma, entre otras políticas públicas recientes, buscan mejorar la condición de la clase trabajadora. Todo eso está muy bien. Sin embargo, hacen falta otras acciones como la formalización de mipymes, mayor inversión pública y privada para que la informalidad comience a descender. Sólo si somos capaces de lograr un crecimiento sostenido y las empresas deciden ofrecer trabajos con toda formalidad vamos a revertir esta tendencia. Eso requeriría reformas institucionales para reducir costos de formalización, gravar las grandes fortunas para invertir esa recaudación en obra pública e instar a los grandes milmillonarios para que inviertan y no sean sólo rentistas y ampliar la protección social universal, rompiendo el dualismo y fomentando movilidad social.
Pero, si seguimos por la ruta de bajo crecimiento económico, volatilidad externa y dependencia de remesas, lo más probable es que se mantenga e incremente la informalidad, exacerbando desigualdades ante shocks como recesiones globales o cambio climático.
En pocas palabras, la desigualdad estructural en México, anclada en una informalidad mayoritaria, no es un rezago temporal sino una configuración societal forjada por crisis históricas y un modelo de desarrollo excluyente. Abordarla demanda transformaciones sociopolíticas que integren a la mayoría trabajadora, evitando que la precariedad siga definiendo el destino de millones de mexicanos.
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