El patio Constitución del edificio histórico del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) estuvo repleto. Magistrados, jueces, exgobernadores, líderes legislativos y extitulares de esta institución llegaron puntualmente para escuchar el quinto y último informe de actividades de Ricardo Sodi Cuellar al frente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense.
Pero la ausencia de una figura central, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dejó un vacío físico y simbólico que alimentó especulaciones entre pasillos.
A las 11:28 de la mañana, tras una espera de casi media hora, el evento dio inicio. La silla reservada para la mandataria permaneció desocupada. En su representación acudió el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien transmitió disculpas y destacó la relevancia del informe presentado por Sodi.
Pero el peso de la ausencia fue comentado entre la prensa, entre el personal de logística, de seguridad y de los asistentes, avivando comentarios sobre las diferencias entre el Ejecutivo estatal y el Judicial, en un contexto marcado por el impulso de la reforma judicial federal.
El mensaje de Ricardo Sodi
En su discurso, Ricardo Sodi subrayó la importancia de una reforma judicial que garantice la independencia de los juzgadores y promueva confianza en los diversos sectores sociales.
«Aprovechemos la oportunidad que nos brinda la implementación de la reforma judicial en el Estado de México para fortalecer nuestras instituciones con tribunales y jueces respetados y respetables, reflexionemos que la toga no hace al juez, es la calidad profesional y ética de las personas juzgadoras lo que legitima y prestigia a la toga».
«Podemos y debemos instrumentar una reforma judicial local de consenso, que garantice la independencia judicial, respete los legítimos derechos de las personas juzgadoras y cumpla cabalmente con el mandato de la Constitución», externó.
En tono conciliador, el magistrado presidente aseguró que existe diálogo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para lograr una reforma conjunta que envíe un mensaje de unidad. Su postura se alineó con el contexto nacional, aunque matizó la necesidad de que las modificaciones respeten la autonomía del Poder Judicial local.
La postura del Ejecutivo
Por su parte, Horacio Duarte Olivares reiteró el compromiso de la administración estatal para trabajar en una reforma judicial alineada con los principios federales, pero centrada en las necesidades del estado.
«En unos días en el Estado de México haremos realidad una reforma constitucional local que desarrolle e implemente la reciente reforma judicial. Coincidimos en que tiene que hacerse con diálogo, con tolerancia, cumpliendo el mandato constitucional entre todas y todos, sin obstáculos ni resistencias. Estamos convencidos que ustedes magistradas, magistrados, jueces, juezas van a ser herramienta fundamental de colaboración, de compromiso en hacer que nuestra reforma sea un paradigma en todas las entidades», puntualizó.
No obstante, su discurso no logró despejar las percepciones de distanciamiento entre los poderes. La coincidencia de la gobernadora en un evento sobre derechos de protección animal en Metepec alimentó las conjeturas, así como que nadie recordaba que un gobernador en funciones faltara a la rendición de cuentas que cada año realiza este Tribunal.
El evento reunió a figuras emblemáticas del ámbito político y judicial. El exgobernador Arturo Montiel y otros líderes mexiquenses se dejaron ver entre los asistentes, al igual que Francisco Vázquez y Maurilio Hernández, dirigentes legislativos. Sin embargo, la presencia de estos actores contrastó con la silla vacía de la mandataria estatal, una imagen que se convirtió en el punto de conversación durante el evento.
El mensaje no pasó desapercibido. Algunos observadores interpretaron la ausencia como un claro indicio de las tensiones entre el Ejecutivo estatal y el Judicial, marcadas por diferencias sobre el alcance y la implementación de la reforma judicial.
Cifras y resultados presentados
Ricardo Sodi destacó el crecimiento del número de jueces por cada 100 mil habitantes, aunque en la realidad este incremento es mínimo, pasando de 2.6 a 2.9.
- Planta laboral: Actualmente hay 6 mil 319 servidores judiciales, de los cuales el 74% realiza funciones jurisdiccionales y el 26% administrativas.
- Digitalización: Destacó la implementación de sistemas tecnológicos avanzados, incluyendo juzgados en línea especializados en violencia familiar y protección de menores.
- Materia familiar: Dijo que representa el 49.6% de los asuntos tramitados, con un promedio de 1.3 divorcios por cada mil habitantes, por debajo de la media nacional.
- Materia penal: El 7.93% de los casos corresponden a esta área, con el robo como el delito de mayor incidencia. Entre 2020 y 2024, el porcentaje de mujeres involucradas en robos aumentó del 12% al 17%.
- En cuanto a violencia familiar, se registraron 28 casos por cada 100 mil habitantes y se emitieron cerca de 8 mil medidas de protección.
El último informe de Ricardo Sodi marcó la recta final de su gestión. El vacío dejado por la gobernadora fue más que una silla desocupada; fue una declaración que, aunque silenciosa, resonó en cada rincón del recinto.
Otros datos
Los ingresos de los magistrados y jueces del Edomex han sido un tema de debate. Ricardo Sodi Cuellar, con un salario neto mensual de 192 mil 337 pesos, gana más que el titular del Ejecutivo federal. Además, más de 400 jueces en el estado perciben sueldos superiores a 70 mil pesos mensuales, lo que representa un gasto anual de 381 millones 495 mil pesos.
Rezago del Edomex en Estado de derecho
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2023-2024 del World Justice Project, el Estado de México se encuentra entre las entidades peor evaluadas en justicia penal, con preocupantes puntajes en áreas clave.
- Investigación penal eficaz: 0.14
- Procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz: 0.27
- Derechos de las víctimas: 0.37
- Debido proceso legal: 0.34
- Justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción: 0.30
- Sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos: 0.32
Estos puntajes, en una escala de 0 a 1 donde 1 representa el mayor respeto por el Estado de derecho, indican serias deficiencias en la efectividad del sistema de justicia penal en el Estado de México.
Escándalos de jueces mexiquenses
Por otro lado, en la entidad mexiquense, los jueces han realizado decisiones judiciales controversiales, como la liberación de presuntos abusadores y la reducción de sentencias de homicidas. Casos como la absolución de un acusado de abuso infantil en Tlalnepantla o la liberación de un presunto violador tras pagar una fianza de 700 mil pesos han puesto en entredicho la impartición de justicia del Poder Judicial Edomex.
Injustamente presos se cuentan por miles
En el Estado de México, la injusticia no solo se percibe en los tribunales, sino también en las cárceles. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las Comisiones de Derechos Humanos, se estima que al menos 19 mil 500 personas se encuentran privadas de su libertad injustamente en el Edomex. Este panorama refleja no solo fallas en la impartición de justicia, sino también una crisis de derechos humanos que requiere atención urgente.
Gastos millonarios del Poder Judicial mexiquense en infraestructura
Mientras el sistema judicial enfrenta críticas, el PJEM ha destinado recursos millonarios a la construcción de edificios en Toluca. En total, se han invertido 361.7 millones de pesos en dos proyectos principales:
- Un inmueble en la calle Leona Vicario, con un costo de 131.7 millones de pesos.
- Un edificio en Nicolás San Juan, que con modificaciones adicionales asciende a 230 millones de pesos.
Aunque estas obras buscan modernizar la infraestructura judicial, los altos costos reciben críticas por parte de la ciudadanía que enfrenta limitaciones en el acceso a la justicia.
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