Transitar hacia una cultura de paz es un proceso que requiere de cooperación y voluntad. La lucha desde la sociedad civil por el pleno respeto a los derechos y el desarrollo de las personas tiene que encontrar en el gobierno un aliado para lograr de manera conjunta los avances que necesitamos.
Siempre de la gente hacia el gobierno —política pública—, y no a la inversa —política gubernamental. Y es que sin la participación activa de las comunidades a quienes van dirigidas las políticas, difícilmente serán tan exitosas como lo pueden ser.
La Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México establece la composición pluricultural y pluriétnica de nuestra entidad, con sustento en los pueblos y comunidades indígenas que existen desde antes de la formación de la entidad. Hoy en día, estos pueblos dan continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían antes del proceso de colonización.
En ese orden de ideas, actualmente hay más de 417 mil personas mexiquenses hablantes de alguna lengua indígena, de las que 3 de cada 4 pertenecen a uno de los pueblos originarios: mazahua, otomí, náhuatl, tlahuica y matlatzinca.
El gran reto que enfrentamos como sociedad es garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, el acceso a la justicia y su participación en la vida pública, de frente a las situaciones de discriminación y disparidad que impiden el acceso a sus derechos sociales, culturales y económicos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, el ingreso trimestral promedio de los hombres en el Estado de México fue de $25,669.84 (alrededor de 8 mil 500 mensuales). La cifra baja a unos 7 mil 200 pesos mensuales para quienes se consideran indígenas y disminuye aún más si hablan alguna lengua indígena, hasta lo equivalente a unos 5 mil 800 pesos al mes.
El mismo fenómeno se repite e incluso empeora para las mujeres. El ingreso trimestral promedio fue de $18,030.71 (unos 6 mil mensuales), pero para mujeres que se consideran indígenas, disminuye a poco más de 4 mil 600 pesos mensuales y para aquellas hablantes de alguna lengua indígena un promedio de 4 mil 500 pesos al mes.
Bien vale la pena dar impulso a las líneas de acción que busquen revertir estas situaciones y multiplicar las que ya lo hacen, porque además un gobierno de puertas abiertas permite hacerlo. La política debe ser mayormente de territorio y menos de escritorio, porque hay que escuchar para legislar.
Ya lo sabe… Si no hay remedio, hablemos de ello.
Las opiniones vertidas por columnistas, conductores e invitados son a título personal y no representan postura u opinión alguna del medio emisor.
Síguenos