La presidenta municipal de Tepotzotlán, María de los Ángeles “Gely” Zuppa Villegas, fue inhabilitada por siete meses por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM). Por presuntas irregularidades en la contratación de obra pública durante su primer mandato.
Junto con la alcaldesa, también fueron inhabilitados su padre, el exalcalde Ángel Zuppa, y tres funcionarios del actual Ayuntamiento: Pablo Romero, director de Obras Públicas; Leobardo Figueroa, de Educación; y Laura González González, de Desarrollo y Fomento Económico.
La sanción está relacionada con el pago de más de 200 millones de pesos. Para la construcción de un puente vehicular, que registra apenas un 20% de avance físico. La obra inició durante el periodo 2018-2021. Cuando el padre de la actual alcaldesa, Ángel Zuppa Núñez, ocupaba la presidencia municipal.
La información la dieron los regidores de Morena, Cynthia Del Rivero, Aarón Vargas y Beatriz Sandoval. Durante una transmisión en vivo vía Facebook. Ahí denunciaron que Zuppa ocultó las verdaderas razones de su separación del cargo. Aunque la alcaldesa solicitó licencia el pasado 28 de febrero alegando “motivos personales”, los regidores señalaron que la resolución del TRIJAEM se emitió desde el 6 de febrero, por lo que habría estado en desacato durante 22 días.
Los regidores indicaron que la sanción puede consultarse públicamente en el sitio oficial del Tribunal. Además, acusaron que no se ha dado a conocer información clara sobre el estatus jurídico de otros funcionarios involucrados ni del uso de los recursos públicos comprometidos en dicha obra.
Una dinastía en el poder municipal
Desde 2012, el apellido Zuppa es sinónimo de poder político en Tepotzotlán, un lugar más del Edomex donde el nepotismo ha gobernado:
- Juan José Mendoza Zuppa (2012–2015)
- Ángel Zuppa Núñez (2016–2018 y 2019–2021)
- María de los Ángeles Zuppa Villegas (2022–actual)
Con esta sanción, crecen las críticas en torno al control prolongado de esta familia sobre el gobierno local y el uso de recursos públicos en el municipio más poblado del Estado de México, gobernado por Movimiento Ciudadano.
Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha ofrecido una postura oficial detallada sobre la situación legal de la presidenta municipal ni sobre las consecuencias políticas de la inhabilitación.
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