La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de México propuso la creación del Registro de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres, un sistema público que concentraría información de personas con sentencia penal por delitos relacionados con violencia de género, incluida la violencia digital. La iniciativa fue presentada por la diputada Alejandra Figueroa Adame, a nombre del coordinador del grupo parlamentario, José Alberto Couttolenc Buentello.
De acuerdo con la propuesta, el registro integrará a quienes hayan sido sentenciados por delitos que afecten el desarrollo de la personalidad de las mujeres, su integridad corporal, sus libertades reproductivas, sus derechos sexuales, su vida, su seguridad familiar, su derecho a una vida libre de violencia y su patrimonio. También incluirá casos de violencia política, mediática o digital, como acoso cibernético y difusión no consentida de imágenes íntimas.

La Secretaría de Seguridad sería responsable de publicar el registro en su portal oficial, establecer lineamientos de operación, actualizar la información y definir mecanismos para inscribir, rectificar o cancelar los datos de las personas sancionadas, siempre bajo la instrucción de una autoridad judicial. La propuesta establece que en ningún caso se incluirán datos personales de las víctimas y que las inscripciones se cancelarán al término legal correspondiente o por orden judicial.
La iniciativa también plantea que, en casos de violencia digital o mediática, el Ministerio Público o la autoridad judicial deberán ordenar medidas de protección inmediatas para la víctima. Estas podrán incluir el bloqueo, eliminación o interrupción de cuentas, imágenes, audios o videos en plataformas digitales, redes sociales, medios de comunicación o sitios de internet. Para ello, deberá identificarse y notificar al proveedor del servicio o plataforma donde se aloje el contenido.

Entre otras modificaciones, el planteamiento busca reforzar el marco legal en casos de violencia política de género, la cual podría manifestarse mediante difamación, calumnias, injurias y campañas coordinadas para desacreditar a mujeres en ejercicio de funciones públicas, incluso mediante perfiles falsos en redes sociales.

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