Este año es muy relevante para la justicia penal en nuestro país, pues en todo el territorio deberá ejecutarse el Nuevo Sistema de Justicia Penal. El cambio obedece a la constante queja de la sociedad de tener un sistema completamente obscuro, corrupto, que no dejaba claro si se realizaban investigaciones profesionales y con estricto apego a la ley, que los juicios tardaban mucho tiempo, etc.
En nuestro país, el 60 por ciento de los reos dicen ser inocentes, acusan de ser víctimas de un proceso judicial lleno de irregularidades, o que muchos de ellos se encuentran pagando un delito menor; todo ello ha generado una sobrepoblación que es, incluso, del doble de la capacidad real de los reclusorios.
El hecho de no tener confiar en el sistema de justicia repercute en costos sociales, pero también económicos, ya que el sistema de justicia ha generado impunidad, corrupción, y por ende, nula confianza en las autoridades involucradas; por ello se comenzó un movimiento desde la sociedad civil en conjunto con muchos juristas, a fin de impulsar la reforma constitucional de seguridad y justicia que finalmente entró en vigor el 18 de junio de 2008 y que impuso como límite ocho años, es decir, hasta este 2016, para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal se efectúe en todo el país –aunque hubo Estados en los que ya operaba–.
Sin duda, se aspira generar un sistema de justicia eficaz, que garantice procesos transparentes y expeditos que permitan mejorar los índices de gobernabilidad y de competitividad; entre las principales características de este nuevo sistema se elevó a rango constitucional la presunción de inocencia, un juez control será el encargado de vigilar la legalidad de la detención y obtención de pruebas, la confesión de un acusado solo es válida sí se realiza ante un juez, los procesos se llevan a cabo en audiencias públicas (juicios orales) en presencia necesariamente de un juez, y la prisión preventiva sólo se aplica en casos excepcionales, pues es necesario tomar en cuenta medidas alternas para reparar el daño tras la comisión de un delito.
En realidad, los retos que vamos a enfrentar ante este cambio tan notorio son muchos, pues como siempre lo he dicho, un cambio en la ley no implica la aceptación inmediata y el buen desarrollo de esta. Urge sociabilizar más la reforma a fin de que la sociedad en su conjunto comience a romper muchos de los paradigmas que existen en torno a la justicia, pero sobre todo urge dar resultados positivos en este tema, cuya finalidad primordial es dejar claro que la justicia es para todos sin distinción alguna.
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