Intentan despojar de su predio a una anciana y el pueblo lo impide

  Toluca, Méx.- Un grupo de personas, con el apoyo de policías de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), fueron impedidos de ejecutar una orden de desalojo en un predio propiedad de una octogenaria. Información de la Agencia de Noticias MVT, señala que la propietaria del predio, una señora que se identificó como Tomasa, […]

 

Toluca, Méx.- Un grupo de personas, con el apoyo de policías de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), fueron impedidos de ejecutar una orden de desalojo en un predio propiedad de una octogenaria.

Información de la Agencia de Noticias MVT, señala que la propietaria del predio, una señora que se identificó como Tomasa, de más de 86 años de edad, acusó que un sobrino al que identificó como Delfino Arzate González, trata desde 1989 de apoderarse ilegalmente de un terreno de su propiedad, de unos mil 200 metros cuadrados, que se ubica en el Barrio La Trinidad, de San Cristóbal Huichochitlán.

Se indica que este miércoles policías estatales y una presunta Actuaria pretendían tomar posesión de una porción de 316 metros cuadrados, precisamente donde está construida la casa de la señora Tomasa, por lo que los vecinos de la señora, al darse cuenta de lo que ocurría, acudieron en apoyo de la anciana y advirtieron a la ejecutora que si insistía en el “despojo” la lincharían.

Tras una discusión en la que salieron a relucir documentos fechados en 1914, de dotación de predios, a favor de la familia de la señora Tomasa, los policías estatales recomendaron a la Actuaria mejor retirarse del lugar, pues la situación se tornó violenta y, al retirarse los elementos, los habitantes denunciaron que personas, “adineradas” intentan apoderarse de predios en la zona indígena.

Al respecto, Juan Izquierdo, Jefe Supremo Otomí, aseguró que en la comunidad se rigen por usos y costumbres, razón por la cual no venden un solo metro de tierra a nadie si no se cuenta con el consentimiento de toda la comunidad.

Incluso aseguró que los presuntos contratos de compra y venta exhibidos por la gente que intentó el despojo, no cuentan con el aval de la comunidad.