Toluca, Estado de México; 16 de octubre de 2018. El representante legal de los comuneros de San Juan Coapanoaya y San Jerónimo Acazulco, Santiago Pérez Alvarado, desmintió el comunicado que emitió ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se le acusa de organizar a los pobladores en la zona del Monumento al Caminero para interrumpir las obras del Tren Interurbano México-Toluca: “Cierran las obras, la SCT sólo miente; emitió un comunicado que dice que yo asusté a los campesinos […] se pretende confundir el asunto de corrupción del tren interurbano con un conflicto de limites”, sentenció.
En el documento, la dependencia señala que en el lugar se presentaron 40 personas, quienes amenazaron con prender fuego a la maquinaria de trabajo; estos cortes a las actividades laborales ocasionan una pérdida de 10 millones de pesos diariamente: “invadieron el derecho de vía, exigieron la detención de los trabajos y argumentaron que tienen una suspensión de plano sobre la obra, amagando con usar fuego hasta que lograron detener las labores”, se informó en comunicado.
De igual manera, Pérez Alvarado responsabilizó a la Secretaría de Comunicaciones por los hechos registrados el pasado 9 de octubre, donde presuntamente personal de la dependencia agredió a los comuneros de Ocoyoacac en la zona “Casa de Piedra”. El hecho ocurrió cuando los trabajadores pretendían instalar un gasoducto y continuar con la obras del tren, esto a pesar de que existe un amparo para la suspensión de la construcción. “La SCT contrató a los trabajadores y a la policía federal y reprimió a los campesinos, comuneros y mujeres”.
El abogado indicó que derivado de este ataque, la dependencia federal lo ha buscado para entablar una mesa de negociación, en la que sólo estén presentes pobladores de San Juan Coapanoaya. Con esta aclaración se deja fuera de este acuerdo a los pobladores de San Jerónimo Acazulco: “están buscando una mesa de negociación, pero dividida, me proponen que nos sentemos, pero con condiciones". No obstante, señaló que este acuerdo sólo sería posible con la presencia de la Cámara de Diputados federal y del padre Alejandro Solalinde, quien se convertiría en el mediador entre la SCT y los comuneros de Oyocacac. “La lucha no es violenta es mas allá de lo legal. La verdad esque detrás de este asunto, es que la SCT quiere ocultar los altos costos y la alta corrupción que hay”.
En ese sentido, indicó que pedirá que se realice un plan integral sustentable y un pago justo a las tierras de los pobladores.