La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por lavado de dinero y fraude fiscal contra los empresarios que durante tres décadas han controlado la zona de aviación privada del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). Entre ellos se encuentra, José Miguel Simón Galindo, Estrella Baz Ceniceros y José Luis Parra Patiño, quienes aseguran ser víctimas de una persecución institucional impulsada por la Marina para despojarlos del área que administran desde los años noventa.
Documentos judiciales señalan que la carpeta de investigación fue judicializada el 22 de septiembre por la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR ante una jueza de Almoloya de Juárez, dentro de la causa penal 397/2025. La institución solicitó la emisión de un citatorio para audiencia de imputación; sin embargo, este requerimiento no fue autorizado.
Simón Galindo forma parte de la Operadora de Aviación General de Toluca (OAG), mientras que Baz Ceniceros dirige Servicios Aéreos Estrella (SAE), considerada una de las firmas más influyentes en el sector de jets privados, con nueve aeronaves y el hangar más grande del aeropuerto.
Parra Patiño, por su parte, fue señalado por fraude fiscal equiparado en su papel de administrador. Las denuncias formales fueron presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
Las acusaciones surgen en medio de una disputa prolongada entre OAG y la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), empresa concesionaria controlada por la Secretaría de Marina (Semar).
El conflicto escaló después de que los tribunales fallaran a favor de OAG, al determinar que AMAIT debía respetar un convenio firmado en 2011, mediante el cual se acordó que la operadora privada no pagaría tarifas ni derechos adicionales por los servicios del aeropuerto, pues había realizado inversiones desde 1992 en lo que entonces eran 97 hectáreas de terrenos federales sin desarrollar.
El veredicto judicial más reciente prorrogó la vigencia del contrato de OAG hasta 2037, diez años más de lo previsto originalmente, tras concluir que AMAIT modificó de forma unilateral los términos del acuerdo al intentar cobrar un 5% de los ingresos brutos de la empresa desde 2006. AMAIT, sin embargo, sostiene que este esquema representa un “quebranto para el erario”, al exentar a OAG de pagar servicios contemplados en la Ley de Aeropuertos.
Los empresarios aseguran que la investigación penal es una represalia directa impulsada por altos mandos de la Marina tras haber perdido los litigios civiles.
La FGR, que abrió la carpeta de investigación el 24 de febrero, analiza los movimientos financieros de las compañías involucradas para determinar si existieron operaciones ilícitas o irregularidades fiscales en la administración de la zona de aviación privada. Por ahora, los implicados permanecen bajo investigación y podrían ser citados a comparecer en los próximos días.
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