Ixtlahuaca, al norte del Estado de México, se ha convertido en algo más que un punto de paso para el crimen organizado. El pasado 29 de junio, fuerzas federales realizaron cuatro cateos simultáneos en la zona. El resultado: 15 personas detenidas, entre ellas Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, presunto líder criminal, y su hijo Diego. También se incautaron armas, vehículos blindados, pipas, documentos falsos y otros recursos utilizados por estas redes.
El golpe no solo reveló el poder operativo del grupo, sino que confirmó lo que muchos sospechaban: Ixtlahuaca es ya un enclave estratégico para las estructuras criminales que operan con impunidad.
El epicentro de una estructura delictiva
El operativo evidenció que Ixtlahuaca no es una zona aislada. En semanas previas, en la comunidad de San Juan de las Manzanas, las autoridades localizaron un narcolaboratorio con más de 70 kilos de droga sintética, precursores químicos y equipo industrial. Días después, una camioneta con 20 tambos de presunto cristal apareció abandonada en San Miguel El Alto, a menos de 30 minutos del Palacio Municipal.
Además de los cateos en Ixtlahuaca, las fuerzas federales detectaron bodegas, gaseras fachada y centros de acopio en municipios cercanos como Polotitlán, Nopaltepec y Huehuetoca. Sin embargo, fue en Ixtlahuaca donde se concentró la operación de mayor calado.
Abandono institucional y complicidad local
La expansión del crimen organizado en la región no puede entenderse sin observar el abandono institucional. “La criminalidad en México es multifactorial, pero el crimen organizado no crece por accidente. Hay una cartografía criminógena que el Estado conoce y, muchas veces, permite”, afirma Cristina Eugenia Pablo Dorantes, catedrática de la Facultad de Derecho de la UAEMéx y especialista en prevención del delito.
Para la académica, no hay crimen organizado sin participación del aparato estatal. “No puede existir crimen organizado si no hay colaboración del Estado. No me refiero a los altos niveles, pero sí a funcionarios municipales, mandos medios, policías locales que permiten estas actividades y que, muchas veces, dan el ‘pitazo’ cuando va a haber un operativo”.
Pablo Dorantes advierte que en municipios como Ixtlahuaca, la policía local ha sido desmantelada: sin presupuesto, sin capacitación, sin equipamiento. “Esas policías ya no están en condiciones de responder. Y eso, para el crimen organizado, es un foco verde”.
Además, describe un entorno propicio para la impunidad: “Si uno recorre la zona de Jocotitlán, San José del Rincón, Villa Victoria o El Oro, se dará cuenta de que no hay seguridad pública suficiente, no hay servicios básicos, y la gente tiene que caminar horas para llegar a una clínica. Así no se puede hablar de prevención del delito”.
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El crimen se adapta, el Estado no
Para Martha Nateras, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx, Ixtlahuaca dejó de ser solo un sitio de operación y se ha transformado en un punto clave de paso.
Según la especialista, los grupos delictivos actuales ya no funcionan como las organizaciones verticales del siglo pasado. “Ya no pueden concebirse como en los años ochenta, sino como redes de macrociminalidad. En el caso de Ixtlahuaca, una red grande comenzó a fragmentarse, alimentándose de otros grupos, tanto por conveniencia como por la construcción de redes de complicidad”.
Nateras advierte que la expansión del crimen responde también a una lógica de desplazamiento. “No se ha combatido de fondo en Michoacán, ni en Guerrero, ni en Sinaloa. Entonces buscan sembrar su operación en municipios próximos, con terrenos despoblados y sin presencia estatal. Ixtlahuaca fue ideal”.
¿Por qué ahí?:
“Porque es un municipio abandonado en términos de vigilancia, porque tiene difícil acceso por tierra, porque atraviesa la carretera Panamericana, porque conecta con zonas de conflicto como Michoacán”, resume la académica.
El avance de una mancha conocida
“Ixtlahuaca ya está dentro del mapa criminal”, alerta Pablo Dorantes. La ubicación del municipio, en el corredor que comunica con la Ciudad de México, facilita la expansión de estas redes. “El Estado de México es el paso natural hacia la capital. Carreteras como la Panamericana lo hacen aún más fácil. Por eso ya no solo vemos huachicol en municipios como Ecatepec o Tlalnepantla, sino en lugares que parecían alejados del mapa delictivo, como Ixtlahuaca”.
Para ella, no se trata de un error del sistema. Es el resultado lógico de su descomposición.
Una década de gobiernos señalados
La presencia del crimen organizado en el municipio no es nueva. Durante más de una década, diversas administraciones han enfrentado acusaciones de corrupción, negligencia o presuntos vínculos con redes delictivas.
Entre 2013 y 2015, gobernó el priista Ángel Alberto Rebollo Montes de Oca. Le sucedió Juan Carlos Bautista Santos (PRI), presidente entre 2016 y 2018, señalado por autorizar sueldos excesivos, favorecer intereses privados y, sobre todo, por presuntos vínculos con grupos huachicoleros. Cuando intentó reelegirse en 2016, ciudadanos lanzaron una petición en su contra a través de Change.org.
Después llegaron Juan Luis Solalinde Trejo (MC), entre 2019 y 2021, y Abuzeid Lozano Castañeda (PRI-PAN-PRD), de 2022 a 2024. Actualmente, la alcaldesa es María Guadalupe Díaz Avilés, de Morena.
Una estación más en la ruta del poder criminal
La historia de Ixtlahuaca no es la de un municipio invadido repentinamente por el crimen. Es la de un territorio abandonado, sin presencia efectiva del Estado, en el que florecieron las redes delictivas con apoyo local y complicidad institucional.
La proliferación de narcolaboratorios, bodegas clandestinas y hasta animales exóticos es solo la evidencia visible de una transformación silenciosa que lleva años en marcha. “Y si no se interviene con inteligencia, voluntad política y castigo real a las redes de protección, será solo una estación más en la ruta de expansión de un poder paralelo que no necesita ganar elecciones para gobernar”, advierte Pablo Dorantes.
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