La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales volvió al centro del debate público en el Estado de México. Mientras representantes empresariales alertan sobre posibles impactos en la informalidad y en los costos de nómina, especialistas laborales y organizaciones sindicales recuerdan que la propuesta contempla una transición gradual y busca mejorar las condiciones de la clase trabajadora en uno de los países con más horas trabajadas al año.
El planteamiento federal prevé una implementación escalonada entre 2027 y 2030. Su objetivo es permitir ajustes sectoriales y evitar choques abruptos en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que concentran más del 99 % de las unidades económicas del país, de acuerdo con el INEGI.
Lo que advierte el sector empresarial
Mauricio Massud, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), sostuvo que durante los foros se pidió analizar diferencias regionales y sectoriales antes de aplicar la medida de forma general.
El dirigente planteó que la reducción podría implicar incrementos superiores a 5 % en nómina en sectores intensivos en mano de obra y sugirió que los gobiernos estatales revisen incentivos fiscales —como el impuesto sobre nómina— para mitigar el impacto.
En su posicionamiento, el sector empresarial ha centrado sus preocupaciones en los costos laborales, la productividad y la posible migración hacia la informalidad.
Sin embargo, no ha planteado públicamente que la reducción de la jornada implique ajustes o disminuciones en márgenes de ganancia.
También señaló que el contexto actual del empleo formal debe considerarse. Citó datos sobre pérdida de patrones registrados y disminución de empleos formales en meses recientes.
Además, advirtió que algunas unidades económicas podrían enfrentar presiones financieras si no se acompaña la reforma con medidas de productividad.
Actualmente, alrededor del 55 % de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad laboral, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
La reforma y el debate de fondo
La propuesta de 40 horas no elimina salario ni derechos adquiridos, sino que redistribuye el tiempo de trabajo semanal. El diseño gradual responde precisamente a los señalamientos sobre costos y adaptación empresarial.
México se ubica entre los países donde más horas se trabajan al año dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ello no se traduce necesariamente en mayores niveles de productividad o bienestar.
Organizaciones laborales y académicos han sostenido que la reducción de jornada forma parte de una discusión más amplia sobre calidad de vida, salud mental, conciliación familiar y construcción de un Estado de bienestar.
Argumentan que jornadas más cortas pueden incentivar productividad por hora trabajada, disminuir rotación y fortalecer el empleo formal si se acompaña de supervisión y políticas públicas adecuadas.
Informalidad y controles
El señalamiento empresarial sobre un posible aumento en la informalidad abre otra arista del debate: la necesidad de reforzar inspecciones laborales, simplificar trámites para la formalización y combatir prácticas de evasión fiscal y subregistro salarial.
Especialistas en política laboral coinciden en que la reducción de jornada, por sí sola, no determina el crecimiento de la informalidad. Factores como fiscalización débil, costos administrativos y falta de incentivos influyen de manera estructural.
Lo que sigue
El Congreso federal deberá definir el calendario definitivo y los lineamientos de aplicación. En el Edomex, donde las mipymes representan la base del tejido productivo, el seguimiento se centrará en indicadores de empleo formal, productividad e informalidad.
La discusión continúa entre advertencias empresariales y el planteamiento de avanzar hacia jornadas más cortas en un país que históricamente ha trabajado más horas que la mayoría de sus socios comerciales.
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