Quién sabe a quién se le ocurrió celebrar de esa manera el cumpleaños al secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos González, pero —por lo visto— le gustó, porque subió a sus propias redes sociales el video de sus estructuras en todo el Estado de México coordinadas para darle los parabienes (https://www.facebook.com/watch/?v=1029644231924937). Juan Carlos siempre se había conducido con sobriedad y discreción, pero hasta al mejor cazador se le va la liebre. No hay duda, el buen gusto es un concepto abstracto.
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A Gerardo Becker lo colocó en la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México su amigo Elías Rescala. Lo hizo, entre otras razones, para brindar protección legal a los idos del sexenio pasado. Miroslava Carrillo ha encontrado en el TJAEM el dique que frena cualquier observación del Órgano Superior de Fiscalización. He ahí una de las explicaciones de por qué tanta impunidad de aquellos que metieron fuerte la mano —y las uñas— en los recursos públicos.
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Durante los últimos 15 años, se han extendido permisos para construir 28 mil o más viviendas en Huixquilucan, prácticamente todas de residencial alto. El boom inmobiliario tiene casi década y media y no para. Es una locura si se considera el grave impacto ambiental y urbano. Para darse una idea, actualmente están a la venta en el mercado alrededor de 4 mil departamentos. Hace bien la alcaldesa Romina Contreras con la advertencia de que no habrá ni una licencia más. Solo faltaría que precisara a partir de cuándo y cuántas están liberadas, pero aún no empiezan obra.
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La idea de que en Huixquilucan solo viven los ricos es absolutamente equivocada. La mitad de su población, unas 180 mil personas, viven en pobreza y de ellas casi 20 mil están en pobreza extrema. Es un espejismo. Lo real es que el municipio está clasificado por Coneval como el cuarto del Estado de México con los mayores índices de desigualdad.
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Los Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento continúan funcionando como las cajas chicas de los alcaldes. Es práctica tan ilegal como común en todos los municipios, independiente de su filiación. La fiscalización de dinero es prácticamente imposible y los gastan con absoluta discrecionalidad. Urge una reforma a la ley para poner orden.
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Sobre el caso Raymundo Martínez —que a pesar de su relevancia ha perdido la atención de la mayoría de los medios de comunicación— hoy, uno de los coacusados y protagonistas principalísimos de la trama solicitará nuevamente al juez de la causa le sea modificada la medida cautelar para poder seguir su juicio en libertad, beneficio que logró y goza su jefe. El Poder Judicial del Estado de México está una vez más frente al dilema de ley o justicia. Veremos como resuelve.
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