Este 2025 no marca una revolución, pero sí un corte profundo en el molde del Poder Judicial del Estado de México. El modelo que termina no fue un páramo: tuvo reglas, operadores técnicos y cierta eficacia en su circuito cerrado. Pero también fue, sin matices, el poder más opaco de todos: ajeno al escrutinio, blindado ante la crítica, inaccesible incluso para quienes pedían justicia. La reforma no lo borra, pero le cambia la piel. El nuevo diseño –con 193 personas juzgadoras, cinco magistraturas disciplinarias y una presidencia rotativa del Tribunal Superior de Justicia, todas electas por voto directo– rompe con la lógica de la discreción como norma. Por primera vez, la ciudadanía no sólo conocerá los rostros de quienes juzgan, sino podrá votar por ellos, vigilarlos y, llegado el caso, castigarlos en las urnas. La administración de justicia ya no será un acto en penumbra, sino a plena luz: la transparencia se vuelve un mecanismo de control social sobre un poder que por décadas operó sin contrapesos. No es sol ni sombra: hay continuidad, sí, pero también un cambio sustantivo que merece ser entendido y exigido.
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24 meses para Héctor Macedo
Héctor Macedo, con más de 140 mil votos, no sólo se perfila como el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia electo por el pueblo; también como el primero que tendrá un reloj visible sobre el escritorio: dos años, ni uno más. Ya no podrá reinar en los pasillos, apalancar carreras o blindar redes desde una presidencia perpetua. Su encargo tiene principio, fin y testigos. Bajo el viejo régimen, el presidente del TSJ era el vértice de todo: dirigía el pleno, administraba el Poder Judicial, controlaba las plazas y encabezaba el Consejo de la Judicatura. Hoy, la reforma lo despoja de ese absolutismo institucional: ya no administra, ya no disciplina, ya no concentra. Coordina, representa y modera, pero lo hace desde la legitimidad electoral, no desde las lealtades internas. Su peso será moral y su eficacia dependerá menos de la obediencia de sus colegas y más de la mirada de quienes lo eligieron. El poder judicial no se vuelve horizontal, pero sí más repartido, y el presidente deja de ser un juez entre sombras para convertirse en un magistrado con rostro… y con plazo.
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La justicia también se vigila
Cinco sillas, cinco votos populares, una sola encomienda: vigilar a los jueces. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial no administra ni juzga casos civiles o penales, pero puede cambiar el rostro de la justicia más que cualquier sala del Tribunal Superior. Su existencia misma es un acto de civilización institucional: por primera vez, la ética de los juzgadores deja de ser un asunto interno y se convierte en materia de control ciudadano. Las personas que lo integren –con perfiles jurídicos y votos en la mano– tendrán facultades para investigar, sancionar e incluso inhabilitar a quienes traicionen los principios de imparcialidad, legalidad o profesionalismo. Todo indica que será presidido por Marisela Reyes, la más votada, lo que refuerza su legitimidad y su responsabilidad pública. Este tribunal será incómodo por diseño. Su eficacia dependerá de su autonomía, pero también de su valentía. Su función es romper el pacto de silencio que protegió durante décadas a jueces corruptos, ineficientes o serviles. No bastará con que exista: deberá demostrar que puede incomodar al poder… incluso al judicial.
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Devolver la libertad también es justicia
El deber más urgente del nuevo Poder Judicial no está en los reglamentos, sino en los ojos de quienes duermen tras las rejas sin haber sido juzgados con justicia. Hay miles: pobres, indígenas, migrantes, mujeres criminalizadas por sobrevivir, jóvenes acusados sin pruebas, morenos detenidos por el color de su piel. No basta con estrenar urnas si no se revisan expedientes. El mayor acto de legitimidad no será jurídico, sino ético: revisar, corregir y liberar. La prisión preventiva abusiva, las detenciones sin debido proceso y la fabricación de culpables han hecho del sistema penal mexiquense una trampa de clase. Si el nuevo Poder Judicial quiere merecer ese nombre, debe mirar de frente los expedientes donde aún respiran la desigualdad y el prejuicio. La justicia no puede ser sólo procedimiento: debe ser redención institucional. La transparencia debe aplicarse también hacia dentro, ahí donde se almacenan los errores que siguen cobrando vida. Limpiar el pasado no es un gesto político: es una obligación moral.
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Alcaldes mojados… de cinismo
Llueve y llueven también los lamentos de algunos alcaldes del Valle de Toluca que, entre bote y bote, se quejan de que no reciben suficiente apoyo para enfrentar las inundaciones. Piden bombas, recursos, brigadas. Lo curioso es que muchos de ellos fueron reelectos: llevan más de cuatro años gobernando y todavía no descubren que el agua baja. ¿Dónde estuvieron mientras se saturaban los drenajes, se urbanizaban cauces y se loteaban zonas federales? ¿Cuántos atlas de riesgo ignoraron? ¿Cuántos bordos no construyeron por no estorbarle a la foto? Ahora buscan culpables, como si los charcos se votaran o las lluvias fueran sorpresas del destino. Culpar al gobierno estatal es su comodín favorito, y no les falta material: intrigas internas, novatez, torpezas logísticas… la administración mexiquense tampoco sabe por dónde drenar su propia división de facciones. Pero si todos fallaron, que no todos pretendan lavar culpas en el mismo lodo. Porque el cinismo también es impermeable.
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