En una elección inédita, la ciudadanía mexiquense votó directamente por quienes integrarán el Poder Judicial del Estado de México. Más de 31 millones de votos fueron emitidos en las cuatro categorías en disputa; de estos, 9 millones 184 mil 427 se concentraron en la elección de jueces y juezas.
Jueces penales Cuautitlán
En el distrito judicial de Cuautitlán —que comprende municipios como Cuautitlán, Tultitlán, Melchor Ocampo y Zumpango— se eligieron seis cargos judiciales: uno en materia civil, uno familiar y cuatro en penal. En esta última categoría resultaron electas dos mujeres y dos hombres:
- Cristina Moreno Cartas – 52,651 votos
- Themmiss Ramos Chávez – 38,679 votos
- Eder Falcao González Garfias – 32,651 votos
- Daniel Alejandro González Osornio – 31,210 votos
Jueces penales Jilotepec
En el distrito judicial de Jilotepec —que abarca municipios como Aculco, Chapa de Mota, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Timilpan y Villa del Carbón— se renovaron únicamente dos cargos, ambos en materia penal:
- Georgina Pedraza Navarrete – 8,414 votos
- José Luis García Cruz – 3,998 votos
La elección popular de jueces penales en Cuautitlán y Jilotepec representa un paso hacia la democratización del sistema judicial en el Estado de México. En ambas regiones, donde conviven zonas urbanas densamente pobladas y comunidades rurales con rezagos en el acceso a la justicia, esta elección refleja una exigencia ciudadana por contar con jueces más cercanos, imparciales y comprometidos con los derechos humanos y el debido proceso.
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¿Qué hace un juez penal?
Un juez penal tiene la responsabilidad de determinar la culpabilidad o inocencia de las personas acusadas de cometer delitos como homicidio, abuso sexual, lesiones, secuestro o robo, entre otros. También resuelven casos bajo el sistema penal para adolescentes. Su función, más allá del acto procesal, implica garantizar que se cumplan los derechos humanos. Así como observar los principios de legalidad, presunción de inocencia y debido proceso. Así como emitir resoluciones con perspectiva de género cuando el caso lo requiere.
Estos jueces operan bajo un marco legal complejo. Que abarca desde la Constitución mexicana hasta códigos nacionales como el de Procedimientos Penales o la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso mexiquense, además, deben juzgar conforme a las leyes estatales y dentro de su estructura judicial.
La justicia en crisis
El contexto en el que estos jueces habrán de ejercer es preocupante. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, Edomex concentra el 15.4% de la población penitenciaria del país, con 34 mil 772 personas privadas de la libertad. De ese total, 39% no cuenta con sentencia. Lo que implica que más de 13 mil personas están en prisión sin que se haya determinado su responsabilidad penal.
La mayoría de estas personas se encuentra en prisión preventiva oficiosa, una figura que ha sido fuertemente criticada por organismos nacionales e internacionales. Por ser una forma de castigo anticipado y por permitir que miles de personas —muchas de ellas inocentes o sin pruebas concluyentes en su contra— pasen años tras las rejas. En entidades como el Estado de México y Michoacán, el 100% de la población sin sentencia está sujeta a esta figura legal.
La situación es particularmente grave entre adolescentes. El 55.9% de los varones y el 65.4% de las mujeres menores de edad en internamiento preventivo esperaron entre cuatro y seis meses por una resolución judicial.
A ello se suma la alarmante sobrepoblación carcelaria. Los penales mexiquenses están diseñados para albergar a poco más de 13,000 personas, sin embargo, hay más del doble.
La tasa de ocupación supera el 240%. Esta saturación genera condiciones de hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud, violencia y dificultades para la reinserción social.
A finales de 2024, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, anunció que, ante una sobrepoblación del 140% en los 21 centros penitenciarios de la entidad, la estrategia del Gobierno será ampliar la capacidad de los reclusorios existentes. Descartando la construcción de nuevos y sin contemplar un incremento extraordinario al presupuesto estatal de 2025.
El plan prevé una inversión de al menos 160 millones de pesos, con prioridad en los penales de Chalco y Neza, los más saturados.
La exigencia ciudadana por una justicia justa
Ante este panorama, colectivos como Haz Valer Mi Libertad han denunciado la existencia de decenas de miles de personas encarceladas de forma injusta en el Estado de México. Desde su fundación en 2020, el grupo ha documentado múltiples casos de fabricación de delitos, irregularidades procesales, tortura y detenciones arbitrarias. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, hasta el 70% de las personas privadas de la libertad en la entidad podrían presentar alguna irregularidad en sus procesos penales.
Los jueces penales elegidos este 2025 durarán seis años en el cargo, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del PJ actualizada al 2023. Durante ese tiempo, no pueden ser removidos, salvo en casos de faltas graves, y están obligados a desempeñar su labor con imparcialidad, diligencia, perspectiva de género y enfoque en derechos humanos.
En un momento en que la justicia es observada con creciente desconfianza por amplios sectores sociales, los nuevos jueces —particularmente quienes se desempeñen en materia penal— tendrán la responsabilidad no solo de aplicar la ley, sino de restablecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones judiciales.
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