La organización civil Mesu, presidida por Ana Karelia González Rosselló, exige juicio político contra Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), por falta de respeto a la justicia y a los derechos humanos.
La demanda se fundamenta en 47 casos documentados de tortura, que incluyen a seis mujeres, seis niños, dos extranjeros y una serie de hombres, muchos de los cuales están sentenciados injustamente.
El movimiento surge tras el encarcelamiento de Néstor Damián Gámez González, hijo de González Rosselló, acusado de abuso sexual y extorsión en un contexto que, según su madre, está plagado de irregularidades y persecución política.
González Rosselló denuncia que su hijo está preso injustamente, mientras que los verdaderos agresores, incluyendo Carla Mildred Gómez Garduño, permanecen en libertad.
En el núcleo de las acusaciones, González Rosselló señala que su hijo fue detenido y mantenido en prisión preventiva injustificada.
Denunció que las acusaciones son fabricadas y que su hijo fue torturado para obtener una confesión. Estas prácticas, dijo, son comunes en el sistema judicial del Estado de México, donde la corrupción y la impunidad prevalecen.
Denuncias de corrupción y manipulación judicial
Por su parte, Magdalena Cortés, otra de las personas afectadas, compartió que a su esposo, Agustín González, lo sentenciaron injustamente. Cortés detalló cómo la policía torturó a su esposo física y psicológicamente y cómo las autoridades judiciales no presentaron pruebas concretas en su contra.
Las inconsistencias en su caso, como la falta de pruebas balísticas y la presión para que se declarara culpable, ponen de manifiesto la gravedad de la corrupción en el sistema judicial.
Ante ello, Mesu convocó a una mesa de trabajo con la participación de diversas autoridades, incluyendo la gobernadora del Estado de México, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Salud, y representantes de Seguridad Pública.
Esta mesa de trabajo tiene como objetivo revisar los casos de tortura y garantizar que las víctimas reciban justicia y reparación.
González Rosselló y su organización han presentado pruebas y testimonios ante la Fiscalía Especializada en Tortura y el Sistema Estatal de Anticorrupción. Sin embargo, la falta de acción y la politización de estos casos han obstaculizado el avance hacia la justicia.
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