En las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora del 8M, resurgió con fuerza el reclamo por la liberación de Kenia Hernández, una destacada activista afroindígena, abogada y feminista, quien lleva casi cinco años privada de su libertad. «No estamos todas, nos falta una defensora», se leyó en redes sociales y en las pancartas de la protesta en la Ciudad de México.
Días antes, diversas voces se alzaron en las plataformas digitales para exigir justicia. Entre ellas, la diputada federal Xóchitl Zagal; la periodista feminista y socióloga mexicana Lucía Lagunes Huerta; la activista Sara López; la cantautora Rebeca Lane; y la abogada e indígena mazateca Argelia Betanzos, entre otras.
La marcha en la CDMX por el 8M y Kenia Hernández
Integrantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino, junto con madres, hermanas e hijas de personas injustamente encarceladas, agrupadas en el Colectivo Haz Valer mi Libertad, se sumaron a la marcha en la capital mexicana. «Kenia, hermana, aquí está tu manada», corearon las manifestantes mientras avanzaban por avenidas como Paseo de la Reforma.
¿Quién es Kenia Hernández?
Kenia Hernández, una reconocida activista afroindígena, abogada y feminista, lleva casi cinco años privada de su libertad. Durante este tiempo, no ha podido ver crecer a sus dos hijos, de 8 y 12 años. Ha sido acusada del presunto delito de ataque a las vías generales de comunicación en pandilla, un caso que las autoridades han señalado como un «escarmiento» para disuadir las protestas en las carreteras de México.
Irregularidades y prisión preventiva
La primera detención de Kenia ocurrió el 6 de junio de 2020 en la caseta de Las Américas, en Ecatepec, acusada de robo con violencia. En esa ocasión, las autoridades le impusieron una medida cautelar de presentación periódica, pero no la encarcelaron. Sin embargo, el 18 de octubre del mismo año, fue detenida nuevamente, esta vez por el presunto ataque a las vías generales de comunicación, un hecho que, según las autoridades, ocurrió en Toluca, Estado de México.
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La detención, realizada en la caseta de Puebla, en Amozoc, estuvo marcada por irregularidades: no se presentó una orden de aprehensión, los agentes no portaban uniformes ni identificación, y se ejerció violencia contra la activista. Tras ser trasladada al Estado de México, el 24 de octubre se ejecutó la orden de aprehensión. En total, se le imputaron diez causas penales por el mismo delito, impulsadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Una posible salida: el acuerdo reparatorio
A pesar de las dificultades, existe una posibilidad de que Kenia salga de prisión. En enero, una audiencia en el Órgano Especializado de Mediación abrió la puerta a un acuerdo reparatorio. No obstante, para que esto ocurra, Capufe debe dar el primer paso.
Kenia ha manifestado su disposición a llegar a un acuerdo, pero sin admitir culpabilidad ni ofrecer disculpas por un delito que asegura no cometió. «Yo no puedo poner en entredicho el ejercicio de la protesta porque así podría sucederles a otros más. No quiero generar un mal precedente», declaró la activista.
El papel del gobierno en el caso de Kenia Hernández
La presidenta Claudia Sheinbaum, como representante del poder ejecutivo, tiene la competencia para resolver la situación de Kenia. Su defensa espera que las autoridades concreten una reunión de conciliación, la cual se ha pospuesto en múltiples ocasiones, para alcanzar un acuerdo que permita a la activista recuperar su libertad.
La lucha por la justicia y la libertad
El caso de Kenia Hernández sigue siendo un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes ejercen su derecho a la protesta en un contexto donde la justicia parece estar influenciada por intereses políticos y económicos. Su lucha por la libertad y la justicia es un llamado a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en México.
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