Kenia Inés Hernández Montalván, activista de derechos humanos, ha estado detenida de forma arbitraria durante tres años. La arrestaron 22 agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) en la caseta de Amozoc, Puebla, el 18 de octubre de 2020, sin orden judicial ni explicación de la razón de su detención.
Durante su arresto, sufrió malos tratos y violencia física. Su familia y defensa legal no pudieron contactar con ella hasta la mañana siguiente, cuando se reveló que estaba detenida en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Kenia Hernández enfrentó acusaciones de «robo con violencia armada» y «ataques a las vías de comunicación en pandilla» contra Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses.
Posteriormente, el 25 de octubre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR), junto a representantes de CAPUFE, la etiquetaron como una amenaza para la sociedad debido a sus manifestaciones. Solicitaron su traslado a un penal de máxima seguridad, el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) No. 16, Morelos.
Defensora de los derechos
Antes de ser detenida, la activista Kenia Hernández se destacó en la defensa de la tierra, los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Además de coordinar el «Colectivo Libertario Zapata Vive» y cofundar el «Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero» (MOLPEG).
En la actualidad, enfrenta 11 procesos judiciales, algunos de los cuales han tenido irregularidades, incluyendo la negación de su participación presencial en audiencias y restricciones en su acceso a consultas médicas. Además, ha sido sometida a dos huelgas de hambre.
Durante su encarcelamiento en el CEFERESO No. 16, Kenia Hernández ha experimentado discriminación basada en su género e identidad indígena, aislamiento extremo, restricciones en su correspondencia y visitas, y violaciones de sus derechos humanos.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado múltiples violaciones a sus derechos. Además, expresaron preocupación por los procesos judiciales continuos con el propósito de mantenerla detenida.
Colectivos aseguran que la privación de la libertad de Kenia Hernández, en cuanto a madre y único sustento de sus hijos menores de edad, vulnera las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas (Reglas de Bangkok) particularmente las Reglas 4, 26 y 64.
Las cuales requieren que
- Las mujeres detenidas estén en centros de reclusión cercanos a su hogar, teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas;
- La facilitación por todos los medios razonables del contacto con sus familiares, incluidos sus hijos;
- La preferencia por imponer sentencias no privativas de la libertad a mujeres que tengan hijos a cargo.