Los 13 decesos de menores por la bacteria Klebsiella oxytoca en hospitales del Estado de México (Edomex) han puesto en el foco las posibles omisiones en la fabricación, traslado y manejo de soluciones de nutrición parenteral, lo que podría llevar penas de hasta 15 años de prisión para los responsables.
Según el maestro Osvaldo Toledano Gómez, experto en derecho administrativo y exfuncionario del sector salud federal y estatal, los responsables podrían enfrentar hasta 15 años de prisión, dependiendo de la tipificación de los delitos.
“La negligencia podría ser sancionada con penas severas”.
Toledano Gómez, egresado de la Facultad de Derecho de la UAEMex y con amplia trayectoria en derecho constitucional, corporativo y fiscal, explicó que el Código Penal Federal contempla penas de hasta 13 años por delitos relacionados con el riesgo de contagio.
Sin embargo, el Código Penal del Estado de México aumenta la condena a un máximo de 15 años si los fallecimientos son clasificados como homicidios dolosos.
“Habría que establecer las modalidades, si fue el deceso ocasionado por un delito imprudente o un delito doloso, en cuyos casos pudiese ser de 6 meses como pena mínima, hasta el máximo que prevé la ley en el Estado de México que puede ser hasta de 15 años de prisión. Esas son las sanciones en que pudiesen incurrir los probables responsables”, afirmó el especialista.
En el caso actual, donde 13 menores perdieron la vida, pormenorizó que tendría que tipificarse cada uno de los casos y el juez que esté conduciendo la causa tendrá que determinar si es un homicidio culposo o doloso y con base en eso determinar la sentencia que corresponda.
Responsabilidades en la cadena de suministro
De acuerdo con el exfuncionario federal, responsable de áreas de compra del sector salud, las empresas que suministran insumos hospitalarios están obligadas por ley a garantizar la calidad de sus productos en todas las etapas: fabricación, traslado y almacenamiento.
En este caso, la empresa Productos Hospitalarios S.A. de C.V., señalada como responsable del brote, podría enfrentar sanciones administrativas, como la inhabilitación para participar en contratos públicos y privados, además de consecuencias penales.
Intervención de autoridades sanitarias y penales
El especialista destacó que el protocolo ante una alerta epidemiológica involucra a varias instituciones, incluidas Cofepris y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), para contener el brote y rastrear su origen.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR) es determinante para coordinar la investigación penal, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se enfoca en los decesos ocurridos dentro de su jurisdicción.
“La coordinación entre autoridades federales y estatales es fundamental. La Cofepris, por ejemplo, ya inmovilizó los lotes contaminados para prevenir más fallecimientos”, agregó Toledano.
Protocolo hospitalario bajo escrutinio
El papel del personal médico también se evaluará. Toledano señaló que a los médicos tratantes y enfermeras se les capacita tras la alerta epidemiológica y posteriormente tienen la obligación de reportar casos sospechosos inmediatamente y garantizar que los protocolos de higiene hospitalaria se cumplan. En caso de no hacerlo, podrían enfrentar sanciones administrativas y penales.
Antecedentes y consecuencias
El brote de Klebsiella oxytoca, confirmado el 27 de noviembre, se originó en una planta de Toluca, Edomex, y ha afectado también a los estados de Michoacán y Guanajuato.
Desde entonces, las autoridades han tomado medidas como la inmovilización de productos y la suspensión de registros sanitarios.
Cronología del caso
- 22 de noviembre: Notificación de un posible brote de Klebsiella oxytoca en Edomex.
- 27 de noviembre: Confirmación de la presencia de bacterias.
- 29 de noviembre: Instalación de comando operativo por Cofepris.
- 4 de diciembre: Inmovilización de productos contaminados.
Cifras de impacto
- Edomex: 13 fallecimientos
- Michoacán: 9 casos, 3 fallecimientos
- Guanajuato: 6 casos, 1 fallecimiento
El caso sigue en investigación por las autoridades federales y estatales.
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