- Cuando la policía investiga
- Competencia sin competidores
- Donar para gobernar
- La callada del campo
Cuando la policía investiga
La LXII Legislatura del Estado de México, durante el primer trimestre de 2026, aprobó una reforma que amplía las facultades de policías estatales y municipales para participar en la investigación de delitos, aun bajo la conducción formal del Ministerio Público, introduciendo una alteración sustantiva en la arquitectura del sistema penal acusatorio: difumina la frontera funcional entre quien dirige jurídicamente la investigación y quien la ejecuta operativamente. En un contexto institucional caracterizado por asimetrías en profesionalización, debilidad en controles internos y fragilidad en la cadena de custodia, esta medida no solo incrementa la capacidad de actuación, sino también el riesgo sistémico de contaminación probatoria, discrecionalidad indebida y nulidad procesal. En términos estrictos, no es una reforma de eficiencia, sino una redistribución del poder investigativo que tensiona el equilibrio entre eficacia punitiva y garantías del debido proceso.
Competencia sin competidores
La licitación pública nacional LPN/ISSEMYM/019/2026, correspondiente a la contratación por cerca de 300 millones de pesos para el arrendamiento de equipo médico en 42 unidades del ISSEMYM, expone una de las paradojas más discretas del gasto público: procesos formalmente abiertos que, en los hechos, operan sin competencia efectiva. Con un solo oferente que cumplió técnica, legal y financieramente, la adjudicación se resolvió sin presión de mercado, sin contraofertas y sin contraste real de condiciones económicas, pese a la magnitud del contrato. Aunque el procedimiento fue validado sin observaciones de irregularidad, la propia recomendación final apunta al núcleo del problema: la necesidad de ampliar el universo de proveedores. En términos estrictos, no se trata de una falla normativa, sino de una distorsión estructural donde la legalidad del proceso convive con la ausencia de competencia sustantiva, configurando un entorno en el que el resultado no se disputa… se confirma.
Donar para gobernar
La autorización para que el Ayuntamiento de Texcoco desincorpore y done gratuitamente un predio de 2,800 metros cuadrados al IMSS, con el fin de construir un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), revela una de las formas más sofisticadas de operación política contemporánea: la cesión de patrimonio público como mecanismo de articulación intergubernamental y generación de capital político. Formalmente impecable —avalada por Cabildo, Ejecutivo y Legislatura— la decisión traslada un activo municipal al ámbito federal bajo la narrativa incuestionable del interés superior de la niñez; sin embargo, en términos de poder, configura un intercambio asimétrico donde el municipio aporta el suelo, la Federación ejecuta la obra y ambos capitalizan políticamente el resultado. La cláusula de reversión, jurídicamente prevista, opera más como salvaguarda simbólica que como posibilidad real, pues una vez materializada la inversión federal, el margen de recuperación efectiva del bien se diluye. En Texcoco, incluso las donaciones tienen lógica de poder: no son concesiones… son posicionamientos.
La callada del campo
De María Eugenia Rojano Valdés casi no se habla, y eso, en este negocio, ya dice algo. Desde la Secretaría del Campo ha optado por una ruta poco común: trabajar sin reflector, sin pleito y sin protagonismo. Corre la versión —y hay quien la sostiene con cierta convicción— de que el campo mexiquense hoy está mejor que antes. Puede ser. Pero el campo no se explica con percepciones, sino con rendimientos, precios, acceso a insumos y vida digna en las comunidades. Si eso está ocurriendo, el silencio se vuelve virtud. Si no, el bajo perfil corre el riesgo de confundirse con invisibilidad. Porque en política pública no basta con no hacer ruido: hay que dejar huella. Y el campo, ese sí, no miente.
La cloaca se defiende
En el sistema penitenciario mexiquense hay una constante que rara vez se escribe: quienes durante años administraron el encierro —y con él, las rentas, los silencios y los equilibrios de poder dentro de los penales— no desaparecen, se reacomodan. Y cuando pierden control, reaccionan. Lo que hoy se observa en torno a la figura de Víctor Manuel Martínez Mendoza no es una crítica técnica ni un debate sobre política penitenciaria, sino el síntoma clásico de un sistema que se resiste a ser intervenido: acusaciones difusas, señalamientos sin sustento verificable y una narrativa que busca erosionar antes de discutir. En términos de poder, es la reacción de estructuras que durante un periodo transexenal operaron con amplios márgenes de discrecionalidad y que hoy ven amenazado su statu quo. No es la transparencia la que habla, es la pérdida de control la que grita. Y cuando eso ocurre, la cloaca no se limpia: se defiende.
Síguenos