Jessica Sevilla Pedraza, una joven doctora de 29 años, fue víctima de feminicidio el 5 de agosto de 2017, en la comunidad El Hielo, en Huixquilucan. Ella fue torturada y asesinada con extrema violencia y todavía no hay detenidos por el feminicidio.
La joven era la mayor de cuatro hermanas y era su ejemplo porque siempre tuvo excelencia académica cuando estudiaba. Tenía un carácter tranquilo y bondadoso. Su madre la describe como alguien comprometida que siempre quiso ayudar a los demás, por eso estudió medicina.
Juana Pedraza, madre de Jessica, cuenta la historia de su hija.
Jessica tenía dos trabajos: laboraba en el Hospital Regional de Xonacatlán y tenía un consultorio privado en la misma entidad. El 4 de agosto de 2017 regresó a su casa a comer después de terminar su jornada laboral en el hospital; le dijo a su madre que volvería a su consultorio privado para atender a más pacientes, más tarde iría al gimnasio y llegaría a su casa a las 9 pm aproximadamente.
La noche llegó y la joven no regresó. Juana Pedraza relata que una compañera de trabajo se presentó en su casa y les dijo que su hija estaba desaparecida. “Llega una doctora que laboraba con ella, es quien nos viene a informar porque dice que se siente con la obligación moral de venir a informarme que mi hija estaba desaparecida.”
La compañera de trabajo también informó que en el Hospital Regional de Xonacatlán, un hombre ingresó con herida de bala y expresó que Jessica iba con él, “pero que no la encontraba, la habían tratado de localizar vía telefónica, pero no entraban las llamadas.”
Juana se trasladó inmediatamente a Lerma para levantar la denuncia por desaparición, pero las autoridades le dijeron que debían pasar 72 horas para emitir la alerta y que solo levantarían la denuncia por robo. Todo ocurrió el viernes 4 de agosto.
A Juana le dijeron que si su hija no aparecía, se presentara el próximo lunes en la tarde para “ver qué podían hacer.” Aunque diversas organizaciones de derechos humanos, buscadores y rastreadores de personas desaparecidas han explicado que las primeras horas son claves para dar con pistas y con el paradero de las personas, esto no importó a las autoridades.
El sábado 5 de agosto la familia realizó una búsqueda en el lugar donde se le vio por última vez a Jessica. El hombre que ingresó al hospital con herida de bala dijo que los habían llevado ahí y ese fue el último lugar en que la vio, pero la familia no encontró nada. Al día siguiente la fiscalía “me dijo que ya no realice búsquedas porque estoy entorpeciendo las investigaciones y el día domingo temprano le llamaron a mi esposo para informarnos que hay un cuerpo y que lo tenemos que ir a reconocer”, relata la madre.
La familia se trasladó a Naucalpan el domingo 6 de agosto para reconocer el cuerpo. Juana fue quien reconoció a su hija, ya que identificó la ropa que tenía puesta la última vez la vio en su casa.
Verdad histórica e irregularidades
El hombre con el que estaba Jessica y llegó al hospital con herida de bala se dio de alta voluntaria. El ministerio público nunca le tomó declaraciones y el médico legista jamás llegó.
A Jessica la mataron con extrema violencia y odio. La encontraron desollada, sin cuero cabelludo, le quitaron órganos como el corazón y pulmones, estaba severamente golpeada y tenía la nariz y las costillas rotas.
La fiscalía dio verdad histórica a la familia, dijeron que la fauna de la comunidad donde encontraron a la joven había provocado los daños en el cuerpo, pero la madre también explica que un dictamen de ese órgano expresa que las señales de violencia que Jessica tenía en su cuerpo sólo pueden ser provocadas por un objeto punzocortante. “Es ahí donde se contradice la fiscalía”, señala Juana.
A más de 3 años del feminicidio el caso no presenta ningún avance y a pesar de que hay un presunto culpable responsable por el feminicidio, no se ha girado una orden de aprensión. Además, la fiscalía ha cambiado de ministerio público más de una vez en el caso y de comandante tres veces, lo que genera un retraso en la investigación.
El 11 de noviembre de este año la fiscal central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género, Dilcya García, y la fiscal especial de feminicidios, Irma Velázquez Millán, citaron a la señora Juana a una reunión para presentar los avances del caso. Las fiscales pidieron postergar la reunión un mes, es decir, el 13 de diciembre se tenía programada la segunda reunión.
El encuentro jamás se concretó y la familia sólo recibe largas. “No nos respetaron el mes que ellas nos pidieron. Estamos en pausa y en cero, porque siempre dicen que te dan avances y no te dan nada. Es un trabajo que ellos no hacen, porque no lo hacen, porque platicando con otras mamás, todas están en la misma situación”, explica.
Las autoridades de la FGEM están ausentes. “Yo soy la que les tengo que estar llamando, yo soy la que les tengo que estar mandando mensaje, tengo que estar preguntándoles porque si no ellas o alguien de la fiscalía no se toman la molestia de llamarme y decirme: ‘señora, estamos en esto’. Tomando en cuenta todas las irregularidades con las que nos hemos topado y toda la omisión de las autoridades que tienen hacia nuestro caso.”
Injusticia y revictimización
La impartición de justicia por parte del Estado es nula, “La justicia para nosotros los familiares no existe, es como si nosotros fuéramos los culpables. Te das cuenta que estás luchando contra un sistema corrupto, indolente, donde las víctimas no somos escuchadas, donde las victimas valemos menos que los delincuentes”, cuenta la señora Juana.
El presunto culpable por el feminicidio de Jessica es el hombre que la acompañaba el día que desapareció. Se le ha citado diferentes ocasiones, pero no asiste a las reuniones. La fiscalía del Estado de México argumenta que no se le puede girar una orden de aprehensión porque violaría sus derechos humanos, ya que se encuentra en calidad de víctima.
La primera denuncia que levantó el ministerio público fue por robo, aunque Jessica estaba desaparecida, esto genera que el sospechoso se convierta en víctima y sea intocable. La madre de Jessica explica: “Me dicen que no le pueden cambiar su estatus de victima porque era la última persona que estaba con mi hija cuando ocurrió la desaparición y no lo pueden obligar a asistir a las reuniones.”
Añade que “han sido tan poco los avances que no ha alcanzo ni si quiera para que liberen una orden de aprensión a pesar de que la fiscalía sabe quiénes están involucrados y quién fue, pero no les alcanza para una orden de aprehensión. Así de nulo ha sido su trabajo. Dicen que no hay suficientes elementos para vincularlos a proceso y si liberan una orden, se nos pueden ir.”
Además de que no existe acceso a la justicia para Jessica y su familia, la fiscalía ha revictimizado a la joven, pues tipificó su muerte como un crimen pasional. Aunque las autoridades se empeñen en nombrarlo así, Juana Pedraza señala que no es un crimen pasional, sino un crimen de odio. Cuando la víctima es una mujer se convierte en feminicidio.
El peregrinar de la familia
La familia de Jessica ha recibido amenazas de muerte por parte del hombre que la vio por última vez. Se han levantado denuncias, pero no han tenido respuestas eficaces por parte de las autoridades. Esta situación ha generado miedo para la familia, pero su búsqueda de justicia no se detendrá.
Entre las víctimas colaterales de los feminicidios se encuentran los hijos de las mujeres asesinadas. Jessica Sevilla era madre de un bebé de año y medio, en ese entonces. El estado nunca ofreció ningún tipo de ayuda para el niño; argumentando que solo se le podía otorgar una beca cuando estuviera estudiando. Recientemente, se le otorgó el apoyo al menor después de la insistencia de su abuela Juana Pedraza.
El camino ha sido largo y tortuoso, han tenido que tocar muchas puertas y exigir lo que se les debería entregar por derecho. La señora Juana ha hecho presencia en las distintas manifestaciones que se realizan en el Estado de México y ha dicho más de una vez que es hora de exigir al gobierno de la entidad.
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