Hoy, en pleno siglo XXI, no se puede y no se debe de actuar en contra de la protección de los derechos humanos; del mismo modo en que los ciudadanos no debemos de permitir gobiernos represivos, violentos y que actúen con exceso de sus funciones.
Hace unos días se llevó a cabo en el centro de la ciudad de Toluca un operativo que tenía como finalidad desalojar a comerciantes informales de las calles del primer cuadro del municipio; hecho que no resulta extraño dado que la autoridad es la primera que debe poner el orden. El problema radica en que prácticamente fue una cacería sangrienta en contra de los comerciantes, incluidos menores de edad, en donde servidores públicos del Ayuntamiento de forma prepotente y con lujo de violencia les quitaron su mercancía; lo que provocó que se organizara una batalla campal. Ante tales actos, muchos comerciantes establecidos se vieron obligados a cerrar sus negocios y los transeúntes a desalojar las calles por miedo.
Estos son actos indignantes que no se deben de consentir y que nos deben llevar a las siguientes reflexiones: Primero, que es gracias a la falta de una política social, laboral y económica exitosa de la autoridad municipal que muchas personas se han visto en la necesidad de buscar formas alternas de llevar comida a sus casas, entre ellas el comercio informal, Segundo, la autoridad debe ser la primera en respetar la ley, pues a todas luces dicho operativo se “salió de las manos”, ya que se vislumbró la falta de preparación de los servidores públicos, dado que se debió de privilegiar la cultura de la paz y el diálogo que tanto se pregona por parte de la Presidenta municipal, pero que en los hechos no se refleja. Tercero, por la violación al bando municipal, consideradas como faltas administrativas que seguramente infringieron los comerciantes informales se les aplica todo el peso de la ley, pero irónicamente a los delincuentes que nos roban la tranquilidad a los toluqueños, se les tolera y protege en su actuar; cuando la tolerancia cero y la aplicación de la ley de forma tajante debería ser a los que nos roban, nos secuestran, nos privan de la libertad y de la vida.
Sin duda existen muchas acciones por observar, entre ellas las que esperamos realice la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acciones que buscaremos de igual forma no queden en el discurso; así como el reconocimiento de la autoridad municipal por el fallido operativo que realizó y que ordene una investigación imparcial para implantar el castigo necesario a quienes violentaron la ley, ya que es lo menos que los ciudadanos esperamos ante hechos tan atroces.
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