Toluca, Estado de México; 21 de julio de 2019. Enrique Peña Nieto (EPN), el peor presidente calificado según las encuestas de Mitofsky, Reforma y El Universal, con un porcentaje de desaprobación aproximado de 68 por ciento, sigue causando revuelo por los casos de corrupción en los que está implicado y que han sido destapados hasta este julio de 2019.
Las consecuencias inmediatas de los casos no se dieron en la esfera judicial sino en el cambio de gobierno, la sociedad mexicana cambió de preferencia política, al coronar a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en 2018, sin embargo, el mayor precio que pagó el partido de EPN, fue su desplome, tanto en credibilidad pública, como en militancia, así como la migración de muchos de sus cabecillas al nuevo partido hegemónico: Morena.
La compra de votos, y los casos de corrupción son estandartes que han estigmatizado el rostro del PRI, y que ya sin ánimos de esconder su modus operandi, sus dirigentes estatales, como el caso de Alejandra del Moral en el Estado de México, han reconocido que estos dos estigmas priistas, les han costado muy caros.
Los casos de corrupción se dieron en diferentes rubros de la esfera público-privada, tanto así que se habla de haber cohesionado en un matrimonio empresarial, a una de las principales cadenas televisoras del país con la administración ejecutiva federal. Siendo este matrimonio entre EPN y Angélica Rivera, la antesala de lo que sería el escándalo de la Casa Blanca, en 2014, en que una investigación periodística reveló que la primera dama, había comprado una casa de 54 millones de pesos, más intereses, en una exclusiva zona residencial de la Ciudad de México.
La compra se relacionó directamente con el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa, un contratista del gobierno cercano a Peña Nieto desde hacía muchos años, a partir de este caso, y de la promulgación de las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, en julio de 2016, que legitimaron esta manera de gobernar en el sexenio de EPN, los casos de administraciones corruptas se elevaron a tal grado del cinismo y la represión a quienes evidenciaron las prácticas gubernamentales, tal es el caso de Carmen Aristegui y su salida de MVS por la investigación de la Casa Blanca.
A siete meses de la salida de EPN, estos son los casos de corrupción más emblemáticos que hasta el día de hoy, muchos siguen sin un proceso judicial que confronte a los responsables, o al menos confirme la actuación de los servidores públicos involucrados en ellos.
La Casa Blanca
Por un conflicto de intereses entre Grupo Higa y el gobierno federal, cuyas subsidiarias como la Constructora Teya obtuvieron grandes licitaciones en el Estado de México, cuando EPN fue gobernador. Además Eolo Plus, otra de sus ramas le renta aeronaves a EPN para la campaña presidencial.
En una relación tan estrecha con la compañía de Hinojosa Cantú, se anuncia que la Constructora Teya será la única empresa que construirá el Tren México-Querétaro, junto con un consorcio chino.
Así, la Casa Blanca, sería un agradecimiento de la empresa de Armando Hinojosa a EPN por los favores que el ex mandatario otorgó a Grupo Higa.
La respuestas de la pareja presidencial sobre la adquisición de la casa valuada en 7 millones de dólares y los supuestos pagos mensuales que Rivera hacía, no acabaron de demostrar que no hubo un conflicto de intereses y terminaron por cancelar la “compra “ y haciendo que EPN pidiera disculpas por el caso y que promulgara el 18 de julio de 2016, las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Videgaray y la casa de Malinalco de 500 mil dólares
The Wall Street Journal reveló que el canciller Luis Videgaray Caso, también había comprado una casa a Hinojosa Cantú, por la cual, Grupo Higa no tuvo ninguna ganancia, la casa de 850m2 se ubica en el exclusivo Club de Golf de Malinalco, en el Estado de México, y actualmente tendría un valor superior a los USD 500.000. Videgaray justificó que la compra se había realizado en octubre de 2012, semanas antes de que el presidente Peña Nieto tomara protesta el 1 de diciembre de 2012, tiempo en el cual Videgaray no ejercía ningún cargo.
Por los casos de ambos funcionarios involucrados con Grupo Higa, EPN ordenó el 3 de febrero de 2015, una investigación en la que nombró al exconsejero electoral Virgilio Andrade, como titular de la Secretaría de la función pública, para determinar si él, su esposa o Videgaray incurrieron en un conflicto de interés por la compra de los inmuebles.
El 21 de agosto del mismo año, Andrade anuncia que no había conflicto de interés en la adquisición de la Casa blanca, y que la entonces primera dama, la estaba pagando con el “patrimonio exclusivo de la señora” que obtuvo trabajando como actriz de Televisa. De igual forma, Videgaray fue exonerado por la compra de su casa en Malinalco aunque posteriormente se demostró que el cheque con el que pagó el inmueble había sido emitido cuando ya era funcionario público, y fue cobrado un año después, a unos días de que el escándalo se destapara.
Los gobernadores priistas del sexenio de EPN
Al menos 140 mil 338 millones 600 mil pesos, es lo que acumulan los 28 ex gobernadores priistas en 22 estados del país durante el sexenio de EPN, esto según la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En la que se encuentran sin solventar de 2012 a 2018 el 76.64 por ciento del dinero público de las entidades gobernadas por el PRI.
La cifra se divide entre gobiernos municipales junto a universidades públicas, que acumulan 120 mil 469 millones 900 mil pesos de gasto programable durante el periodo mencionado, y 19 mil 868 millones 700 mil pesos de participaciones, directamente de los gobiernos estatales.
Los gobernadores que acumulan más gasto público son:
Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, con mandato de diciembre de 2010 a octubre de 2016 (36 mil 266 millones); Jesús Reyna García y Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán, de abril de 2013 a junio de 2014 (21 mil 13 millones); Eruviel Ávila Villegas del Estado de México, de septiembre 2011 a diciembre 2017 (12 mil 234 millones); Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco, de marzo de 2013 a 2018 (10 mil 787 millones de pesos); y Rodrigo Medina de la Cruz en Nuevo León, quien estuvo de octubre de 2009 a octubre de 2015 (5 mil 193 millones),publicó el órgano fiscalizador.
De todos ellos, sólo Duarte está en prisión por los cargos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita y Roberto Borge Angulo, detenido el 5 de junio de 2017 en Panamá, por una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la investigación complementaria en el proceso, por el caso de lavado de dinero por 900 millones 99 mil 418 pesos con 17 centavos. César Duarte sigue prófugo y cuenta con 21 órdenes de aprehensión por los delitos de peculado, peculado agravado y enriquecimiento ilícito, entre otros. Andrés Granier, exgobernador priista de Tabasco, fue detenido en 2013, acusado de desviar 2 mil 604 millones de pesos, proceso contra el cual se amparó. Estuvo preso seis años en la Torre Médica del penal de Tepepan (Ciudad de México). El exgobernador de Nuevo León (2009-2015) enfrenta en libertad, acusaciones de ejercicio indebido de funciones, por el otorgamiento presuntamente irregular de más de 3,000 millones de pesos en incentivos y conceder exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley a la armadora Kia Motors.
En la toma de protesta de EPN, se tomó una foto con 19 gobernadores del país, 11 enfrentan ahora cargos por peculado, lavado de dinero o desvío de fondos, están prófugos o han ganado amparos para protegerse. A ellos los llamó la “nueva generación” del PRI.
EPN recibió soborno por parte del Chapo
Enrique Peña Nieto fue acusado de recibir un soborno de 100 millones de dólares provenientes de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el narcotraficante más reconocido del mundo.
Alex Cifuentes, narcotraficante colombiano y asesor personal de Joaquín Guzmán, testificó en un juicio contra “El Chapo” Guzman, que éste pagó un soborno de 100 millones de dólares a Enrique Peña Nieto.
Según Cifuentes Villa, Peña Nieto buscó al narcotraficante poco después de la votación presidencial de 2012 en la que fue electo y le pidió un pago de 250 millones de dólares a cambio de frenar la búsqueda del narcotraficante, pero el Chapo le ofreció 100 millones de dólares, los cuales el Presidente aceptó.
Presuntamente, el dinero fue entregado en la Ciudad de México por una mujer conocida como “comadre María”.
A través de un comunicado publicado en Twitter, el entonces portavoz de Peña Nieto, Eduardo Sánchez negó tal acusación:
“El gobierno de Enrique Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera […] Las acusaciones hechas por su abogado son completamente falsas y difamatorias” dijo en el comunicado.
Caso Odebrecht
Entre los años 2010 y 2104, la compañía Odebrecht, un conglomerado brasileño de negocios en los campos de ingeniería y construcción que también participa en la manufactura de productos químicos y petroquímicos; estuvo vinculado a pagos por 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos. Las investigaciones en México, iniciadas por un fiscal especializado y cuyos documentos fueron revisados por The New York Times, identifican a un asesor cercano a Peña Nieto como sospechoso. Sin embargo, la pesquisa seguía en fases iniciales cuando el fiscal fue despedido, a finales de octubre.
Odebrecht participó en la construcción de una refinería para Pemex, el presidente de la compañía viajó a México en 2013 y participó en una reunión pública con el ex presidente EPN. Odebrecht creó la “Caja B” a finales de 2010 con el nombre de Sector de relaciones estratégicas, para encubrir la red de sobornos y participó en la construcción de la refinería para Pemex.
Los ejecutivos de Odebrecht sobornaron a varios gobernadores de México, que recibían sus favores y fuertes compensaciones económicas y materiales, obtuvieron también, citas al más alto nivel en el gobierno de EPN, las obras que hicieron en territorio mexicano fueron resultado de la corrupción, Odebrecht creció en México durante los últimos 10 años al amparo de funcionarios y políticos a los que pagó decenas de millones de dólares en sobornos.
Huachicol
En el sexenio de EPN también se registraron año con año alzas en el robo de hidrocarburos.
Con los datos disponibles que hay, entre el 1 de diciembre del 2012 y hasta el 31 de octubre del 2018, se habían registrado 41 mil 502 tomas clandestinas en al menos 23 entidades del país.
En enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO), confirmó que en la lista de autoridades investigadas por robo de combustible se encontraba Eduardo León Trauwitz, militar de alto rango que fue jefe de escoltas de EPN y subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, área encargada de combatir el huachicoleo. A la fecha, el juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quitó la suspensión a Trawitz que le había otorgado para evitar que la FGR lo detuviera, sólo si se tratara de delitos no graves y que no ameriten prisión preventiva oficiosa.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al general de Brigada en retiro, Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, ex subgerente de Operaciones de Petróleos Mexicanos, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer robo de hidrocarburos. Fue el segundo a bordo del general Eduardo León Trauwitz.