Prácticamente no hay día en que no estalle un escándalo de corrupción, enriquecimiento ilícito o malversación de fondos en alguna parte de nuestro país. Al nivel que se quiera mirar, desde un simple regidor en algún municipio perdido en un rincón del país, hasta senadores de la República o miembros del gabinete federal, pasando por gobernadores y sus secretarios, los casos sobran y siguen saliendo. Se supone que existen instancias encargadas de vigilar lo que en la jerga de la fiscalización se llama "evolución patrimonial" de los servidores públicos; igualmente se supone que hay todo un cuerpo normativo que fue creado para evitar, disuadir o sancionar las conductas anómalas en el manejo del dinero público. No obstante lo anterior, los casos siguen reproduciéndose y uno se pregunta ¿cómo? Bueno, analicemos algunos datos que ayudan a entender esto.
A nivel federal, hay aproximadamente 1 millón 500 mil servidores públicos y se supone que su desempeño es vigilado y sancionado por la Secretaría de la Función Pública, pero resulta que ésta sólo cuenta con registros patrimoniales de 18% de ese gran total. Esto fue revelado por la Auditoría Superior de la Federación ya hace algún tiempo, la cual fue contundente al concluir que la declaración patrimonial "no es un instrumento adecuado para la detección de enriquecimiento ilícito", dada la enorme cantidad de servidores públicos que no está sujeto a monitoreo de su patrimonio y dado, también, el reducido número de casos en los que se hace una revisión de la evaluación patrimonial de los servidores públicos.
Para el caso del Estado de México las cosas no son tan distintas. Nada menos este semana se publicó en la Gaceta de Gobierno el "Acuerdo que determina los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado de México sujetos de evolución patrimonial 2017". ¿De qué trata este acuerdo? En términos muy sencillos de decir cómo es que la mayoría de los Diputados y el resto de servidores públicos que se desempeñan en el Poder Legislativo de la entidad "se escapan" de una revisión a cómo se comporta su patrimonio. Así es, el mencionado Acuerdo consiste en autorizar el uso de una fórmula estadística a partir de la cual se elige una "muestra" para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos. Dicha muestra -según el Acuerdo- es de 350 servidores públicos de un total de 1,054 funcionarios que presentaron su Declaración Patrimonial en mayo pasado.
La formula apela a un "muestreo aleatorio estratificado", a partir del cual, por ejemplo, de los 75 legisladores locales, sólo se revisa la evaluación patrimonial de 25. Y dado que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México es el que cuenta con más servidores públicos que presentaron su Declaración Patrimonial (614), de ahí es de donde sale el grueso de servidores públicos del Poder Legislativo a ser revisados: 204. Se anuncia en el Acuerdo en comento que es el azar el que determina a quién se revisará su evolución patrimonial.
Si a lo anterior le sumamos que la Declaración Patrimonial es un documento en el que los servidores públicos que la presentan no necesariamente asientan de manera escrupulosa todo lo que poseen (ellos y sus familiares), lo que tenemos como resultado es una especie de lotería habilitada para vigilar el comportamiento del patrimonio de los servidores públicos. Esto, evidentemente, deja un amplio campo de servidores públicos que corren con la suerte de que nadie supervise su "evolución patrimonial". Y luego nos extrañamos de que haya quien se enriquece de manera brutal en tan sólo tres años, cuatro o seis años que dura su encargo.
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