Los hechos hablan y las realidades no se pueden ocultar, dejan al descubierto que México ya no es el pueblo, sus leyes y el territorio, se ha producido un desequilibrio innecesario, creando a su paso una separación de los componentes que nunca han estado totalmente unificados, pero tampoco habían mantenido una separación abismal como ahora es notorio.
El grupo enquistado en el poder económico y político se separó del pueblo, aprendió a organizar, manipular y operar elecciones para acceder al gobierno, que les garantizará la estabilidad y crecimiento de sus negocios, lo que constituye su meta terminal.
Los habitantes que se dividen en mexicanos y ciudadanos juegan un papel fundamental, son el soporte permanente de los que tienen el poder económico y político.
Por esta razón y supuestamente fundados en las leyes que han creado, las que reforman según sus necesidades del momento, el gobierno hace y desase a favor siempre de sus intereses y de quienes los imponen, nunca en beneficio del pueblo a quien siempre ubican como pretexto.
Esta apreciación quizá hasta romántica, explica porque la autoridad no tenga el menor interés en su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes que les rigen, no está en sus prioridades el estado de derecho que pregonan en los discursos, los hechos de violaciones de derechos garantizados en la Constitución Política del país así lo corroboran y son interminables.
Ayotzinapa, es un claro ejemplo tipificado ya como un crimen de estado en toda la literatura producida, fue y es indígnate para un gran sector nacional e internacional la desaparición de 43 maestros en formación; se dice que fue el ejército, tan pronto surgió la afirmación, de manera inmediata el aparato de estado funcionó para enredar y ocultar los hechos, las manifestaciones de inconformidad de ayer, a dos años de la agresión siguen la misma ruta, hacer que se cumpla con la ley, castigar a los culpables, que es obligación del estado, quien se ha mantenido omisa en cumplir.
En los hechos lamentables de ese día, el asesinato del maestro en formación Julio César Mondragón Fontes, originario de Tenancingo, Estado de México, quisieron borrarlo del escenario, pero la forma salvaje e inhumana en que le quitaron la vida no puede quedar en la impunidad, el primer capítulo del libro “La guerra que nos ocultan” de editorial planeta, narra de manera magistral esta atrocidad que no podemos permitir los mexicanos, en su página 33, dice:
“Ya golpeado, pero aún vivo, los verdugos de Julio César le hicieron un corte debajo del pecho en forma de gota que arrancó la piel, dejando al descubierto músculos y huesos. Quienes lo hicieron partieron de ahí y con salvaje cuidado fueron cortando hacia arriba mientras diseccionaban, separaban la carne del cuello y llegaban a la mandíbula rota, las orejas machacadas y la nariz desintegrada.
Antes de eso, Julio Cesar ya tenía costillas rotas, 12 puntos fracturados, mientras yacía en el piso. El cuerpo macerado había sido arrastrado después de que lo amarraran con cuerdas, quizá de persiana…”.
Nuestra solidaridad a la familia en su fundada búsqueda de justicia, estamos impedidos en permanecer ajenos a esta atrocidad cometida en contra de un mexicano.
Esto a nivel nacional, pero en el Estado de México tenemos lo propio, el tema no esclarecido de Tlatlaya no se irá al olvido, a la que se suman muchas violaciones que comente la autoridad en contra de la población, en perjuicio de los trabajadores en asuntos innumerables atorados en los tribunales laborales, en procedimientos administrativos no terminados, entre otros.
Es quizá el momento de la sociedad para adaptar y aplicar el pensamiento Juarista: recuperar desde la ley a las instituciones para la defensa de los derechos de los ciudadanos ─crear leyes para crear instituciones que defiendan los derechos del ciudadano, decía Juárez─, instituciones que están en manos de gente incompetente que han generado el panorama actual porque así lo hemos permitido.
Para revertir esta situación se requiere del conocimiento del marco legal aplicable a todos en los diferentes ámbitos de actuación individual y social, con un requisito indispensable, la lectura para acceder a la información, lo que no ocurre comúnmente en el país y constituye hoy por hoy la mayor desgracia de México.