La Nueva Familia Michoacana, una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor expansión en el país, ha encontrado en los gobiernos municipales del sur del Estado de México una fuente adicional de ingresos y poder. A través de la cooptación política, el control de presupuestos públicos y el uso de estructuras paralelas, el grupo ha logrado consolidar su presencia territorial y económica. Así lo advierte David Saucedo, consultor en seguridad y crimen organizado, en entrevista con AD Noticias, donde detalla las formas en que el crimen ha penetrado el aparato institucional de la región.
El crimen como administrador del erario
“La Familia Michoacana sí se dedica a la producción de drogas ilícitas y su exportación a los Estados Unidos. Pero tienen zonas donde ejercen dominio sobre los gobiernos municipales”, afirma Saucedo. Para el experto, la clave de esta infiltración está en el acceso a los recursos federales destinados al desarrollo social.
Particularmente, señala el manejo del Ramo 33, un fondo que la Federación transfiere a municipios en condiciones de marginación para infraestructura básica. “El grupo criminal se percató de que el principal empresario de los municipios es el propio gobierno municipal por los recursos que recibe”, dice.
A partir de esta observación, la organización comenzó a financiar candidaturas de todos los partidos con posibilidades de victoria. Una vez en el poder, los ediles «agradecen» cediendo posiciones clave en las áreas de obras públicas, fiscalización y seguridad. “No solo cooptan policías, como el Cártel de Sinaloa o el CJNG; aquí colocan a sus propios operadores dentro del gobierno local”, señala.
Además del control presupuestal, la organización interviene en ferias patronales, contrataciones artísticas y hasta en la explotación sexual de mujeres jóvenes en circuitos de bares bajo su dominio.
De autodefensa a macrocriminalidad
Según Saucedo, los orígenes de la organización se remontan a los años ochenta, como un grupo de autodefensa que operaba en Michoacán. “Surgió para proteger a productores forestales y ganaderos. Pero con el tiempo, terminó haciendo lo mismo que decía combatir”, explica.
Tras rupturas internas y reacomodos provocados por la expansión del CJNG en 2013, el grupo se fragmentó en múltiples células criminales. Una de ellas es la Nueva Familia Michoacana, liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Pez y La Fresa.
Con su centro de operaciones en el sur del Estado de México, esta facción ha evolucionado hasta convertirse, según Saucedo, en el “tercer grupo de macrocriminalidad en el país, después del Cártel de Sinaloa y el CJNG”.
Peña Nieto, minería y la institucionalización del crimen
Para el especialista, la consolidación de esta organización en el sur mexiquense no puede explicarse sin el papel de gobiernos anteriores. En particular, responsabiliza a la administración estatal de Enrique Peña Nieto (2005–2011) por abrir la puerta a la Familia Michoacana en la región.
Saucedo cita investigaciones periodísticas y judiciales que documentan vínculos entre autoridades locales, empresarios mineros y grupos criminales. Entre ellos, destaca la averiguación previa de la PGR (PGR/SIEDO/UEIDCS/2008), donde se señala a José Manzur Ocaña —entonces delegado de la procuraduría— de negociar con cárteles a cambio de sobornos millonarios.
“El grupo encontró aliados en todos los niveles: gobiernos municipales, empresarios de la minería e incluso militares del 102 Batallón de Infantería, implicado en la masacre de Tlatlaya”, añade el consultor.
La violencia como control territorial
A lo largo de los últimos años, la Nueva Familia Michoacana ha sido responsable de múltiples actos de violencia extrema. En Texcaltitlán, uno de sus bastiones, se han registrado emboscadas a fuerzas de seguridad, ejecuciones masivas y confrontaciones directas con pobladores que se niegan a pagar extorsiones.
En diciembre de 2023, un enfrentamiento entre campesinos y miembros del grupo dejó 14 muertos. La organización cobraba “cuotas” por metro cuadrado sembrado de haba y chícharo. “Los pobladores ya no podían pagar más. Era una economía de subsistencia asfixiada por la extorsión”, apunta Saucedo.
Bajo la lupa de Estados Unidos
La expansión territorial, el control político y el uso de estructuras paralelas en gobiernos locales han hecho que la Nueva Familia Michoacana esté también en el radar de Washington. El gobierno de EE UU ha acusado a la organización de traficar metanfetaminas, cocaína y fentanilo hacia su territorio, además de lavar dinero en el sistema financiero mexicano.
Saucedo concluye: “La Nueva Familia Michoacana ya no solo es un cártel. Es un sistema criminal que combina violencia, economía informal e institucionalidad corrupta. Es un gobierno paralelo que opera con impunidad en regiones donde el Estado ha desaparecido”.
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