Quien busca justicia la quiere pronto, cualquier dilación se va percibiendo como injusticia. En México, la procuración de justicia es un problema realmente serio. Las cifras así lo demuestran. La semana pasada, el INEGI dio a conocer su Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F) 2023 y sostuvo, entre otras cosas, que hay 2.9 millones de carpetas de investigación o averiguaciones previas pendientes de conclusión. Sí, más o menos tres millones de delitos (denunciados en 2022) no castigados, que se suman al rezago histórico.
Desde luego, todos sabemos que la mayoría de los delitos no se denuncian, pero también podemos sostener ahora que, de entre aquellos que sí son reportados a las fiscalías, solo en una muy pequeña proporción son investigados con prontitud y presentados los culpables ante un juez. Esta dilación es, para todas las víctimas, una abierta injusticia.
Pero el CNPJE-F nos informa sobre más detalles de nuestro sistema de procuración de justicia. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta? El presupuesto ejercido por la Fiscalía General de la República (FGR) y las estatales (FGE) durante 2022 fue de poco más de 67 mil millones de pesos. ¿Eso es mucho o es poco? Para darse una idea, podríamos decir que si ese total lo dividimos entre el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas durante ese año, da como resultado 31,000 pesos. O si lo dividimos entre el número de empleados que tienen esas instituciones, toca a 800 mil pesos al año para cada uno, porque en total laboran 76 mil 129. Siempre de acuerdo con el INEGI, la mayor parte de esos miles de trabajadores adscritos a las fiscalías federal y estatales son policías, agentes del ministerio público y personal administrativo o de apoyo.
Las cinco entidades del país en las que se ejerció la mayor parte de este multimillonario presupuesto son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Chihuahua. Todas ellas, sin embargo, están muy por abajo del presupuesto que ejerce anualmente la FGR. Pero si se compara la eficiencia de la FGR con la de las FGE, lo que el INEGI reporta es que de todas las averiguaciones previas o carpetas de investigación que se determinaron en el año 2022, solo 6.1% corresponden a la FGR y 93.9% a las FGE.
Respecto a qué significa “determinadas”, el INEGI aclara que eso incluye: “las determinaciones y/o conclusiones registradas en averiguaciones previas e investigaciones y en carpetas de investigación en etapa de investigación inicial”. Dicho en otras palabras, no es el cierre de un caso (la anhelada justicia para las víctimas de los delitos), es apenas el decir “sí, se aprecia que se cometió un delito y vamos a reunir las pruebas para presentarlas al juez, junto con el (o los) responsable(s) y esperemos que este las valore adecuadamente y emita una sentencia condenatoria». Esto último —lo sabemos— puede llevar años. Y no hay garantía de que tras todos esos años el culpable reciba una sentencia condenatoria; puede darse el caso de que el juez diga, “pues no, esta persona que me presentaste como culpable es inocente”, lo cual implica una doble injusticia, para la víctima del delito y para el “falso culpable”, quien incluso pudo haber pasado ya todo ese tiempo en prisión.
Además, si se entra al detalle respecto al sentido en que van las determinaciones, el INEGI afirma que en la mayoría de los casos (64.1%) tratados por la FGR se fue por el “no ejercicio de la acción penal» y en el caso de las FGE y los delitos del fuero común que les toca conocer, hasta en un 44.8% fue en el sentido de “archivo temporal”. O sea, casos olvidados o puestos a “dormir”.
Nuestro Estado de México fue la entidad que más carpetas de investigación inició en el año 2022. En total fueron 365 mil 713 y a la fecha la Fiscalía estatal reportó al INEGI que tiene poco más de 182 mil pendientes de concluir. El número, evidentemente, nos deja ver que sigue siendo muy alta la “cifra negra” (los delitos no denunciados), porque es absolutamente imposible que teniendo casi 17 millones de habitantes solo se hayan cometido mil delitos al día en todo el territorio estatal.
En el Censo que estamos comentando, también queda claro cuál es el motivo por el cual se abren la mayoría de las carpetas de investigación en la FGR: portación de arma, en primer lugar; robo, en segundo lugar; huachicol y sus derivados, en tercer lugar; y delitos contra la salud (narco en sus distintas modalidades) en cuarto lugar. Este recuento indica que de todas las indagatorias abiertas por las FGE en 42% de los casos hubo violencia. Y creo que es en esas circunstancias cuando la gente pide la intervención de la autoridad, porque la “cifra negra” está alimentada por todos aquellos delitos en los que nadie sale lesionado y se prefiere no ir a denunciar (siempre se juzga una pérdida de tiempo).
Un dato muy relevante cuando se trata de la percepción que la gente tiene sobre la procuración de justicia está relacionado con si se ha atrapado o no al presunto responsable. El INEGI reporta que, a nivel nacional, en el año 2022 había 333 mil órdenes de aprehensión sin cumplir. Es decir, personas a las que se identifica como presuntos responsables y un juez ordena su aprehensión, pero la policía es incapaz de dar con ellos y presentarlos.
Estos datos, aunque numéricos, nos permiten ver el problema tan grande que tiene el país en materia de falta de acceso a la justicia. Los elevados índices delictivos no van a terminar si sigue creciendo la inoperancia de las instituciones encargadas de procurar que quien comete un delito sea llevado ante un juez para que se le sancione. La impunidad no es sino abono para la comisión de nuevos delitos. Son conocidas por todos las carencias en materia de investigación por parte de los fiscales, los agentes del ministerio público, las policías ministeriales. Su actuar es paquidérmico si se le contrasta con la urgente demanda de justicia en el país.