Los claroscuros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
En los últimos años, la Comisión de Derechos Humanos se ha convertido en una gran instancia de ornato, que sale muy costosa al erario público y a los contribuyentes, por supuesto.
El último informe de actividades –eufemísticamente lo llaman “informe de gestión 2016”, que tuvo lugar hace unos días–, rendido por quien ahora es su titular, reflejó su caótica administración y desorganización.
Primero las formas: un informe deslucido, improvisado, donde el presidente de la Comisión dedicó más tiempo a saludar a invitados que estaban esparcidos en el auditorio que a la lectura de su informe (y, sin que me pregunten, una lectura que no está a la altura de quien es el ombudsman en la entidad, pero eso es sólo una apreciación personal).
Debería entenderse que una carrera judicial, la cual podría considerarse exitosa –no corresponde a este escribano calificarla en ningún sentido–, no es necesaria garantía de comprender y saber la conducción de un órgano cuyos fines son distintos a la actividad jurisdiccional a la que estaba acostumbrado su ahora titular.
Pero, además de las formas, está el fondo, lo sustantivo. Durante el ejercicio 2016, la Comisión de Derechos Humanos elaboró ocho mil 198 expedientes de queja, por presuntas violaciones a los derechos fundamentales. Lo interesante es el contraste de las causas de conclusión de estos expedientes, luego de realizar la investigación correspondiente.
De este total, el organismo sólo emitió 28 recomendaciones; esto significa que sólo en 28 casos acreditó violaciones significativas que ameritaron considerarse como violaciones a derechos humanos, y así señalar las acciones u omisiones de las autoridades en agravio de los quejosos. Esto representa que apenas el 0.34% de las quejas concluye en una recomendación. ¡Ni siquiera se acerca a medio punto porcentual! Ni una queja de cada 100 concluye en recomendación…
Y las sorpresas no paran ahí. Tres mil 576 expedientes se concluyeron “por no tratarse de violaciones a derechos humanos”, y la pregunta obligada es: ¿entonces de qué se trató cada caso?
Basados en el catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, los principales motivos de queja –de acuerdo con el documento citado– son los siguientes: dos mil 98 refieren al derecho a la legalidad y seguridad jurídica; mil 430, al derecho a la educación; mil 222, derecho de los reclusos o internos; mil 15, a la integridad y la seguridad persona; 939, derecho al trabajo; 550, derecho a la libertad. Y de este “breve” universo, ¿sólo 28 recomendaciones?
Aunque no corresponde al ámbito estricto de la Comisión, derivado de las recomendaciones fueron sancionados 14 servidores públicos, a partir de cinco recomendaciones. Seis de ellos fueron sancionados con una amonestación; dos fueron destituidos e inhabilitados por un término de ocho años; dos servidores fueron suspendidos por cinco días de su empleo, cargo o comisión, y uno más fue suspendido por 30 días; dos servidores más fueron destituidos e inhabilitados por un periodo de tres años.
El escenario se vislumbra más negativo cuando se reseña el recuento de las autoridades que han recibido el mayor número de recomendaciones (durante el periodo 2013-2016): los ayuntamientos han recibido un total de 39; la ahora Fiscalía General de Justicia, apenas 20 recomendaciones; la Secretaría de Educación, 13; los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, 12; el Instituto de Salud del Estado de México, una; la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, seis.
¿Qué hace la Comisión de Derechos Humanos? ¿Por qué no ha emitido informes especiales? ¿Y el tema de las personas desaparecidas, que las instancias oficiales las llaman “no localizadas”, como si esto amainara el dolor y la angustia de sus familias?
Simplemente son más recomendaciones pendientes de cumplimiento que las que llega a emitir en un año de “gestión”, como le llaman.
No es bueno confundir el manejo político con el manejo institucional. Un organismo defensor de los derechos humanos requiere de una conducción seria, no de administrar la inercia y tratar de no ofender “al poder público” que transgrede los derechos fundamentales de las personas.
Se requiere un titular a la altura del desafío: conocedor del tema, creativo, innovador y con valentía para enfrentar a las oscuras estructuras del poder, que no han entendido que el respeto a los derechos de todos es un elemento esencial para la paz y la no violencia.
Nos leemos en otra semana caótica.
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