El sistema Penitenciario: la crisis que vino, vio y venció…
Corría el año 1993. Previo a las festividades decembrinas de ese año, una riña por el control del Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, México (hoy conocido como Santiaguito), y por el hartazgo de los abusos del autogobierno, dejó un saldo de 15 internos que perdieron la vida y al menos 13 más lesionados.
Por estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recién creada entonces, emitió la Recomendación 12/94, la única que se ha emitido a un gobernador del Estado de México, que a la postre le valió a la entonces Presidenta del organismo, Mireille Roccatti Velázquez, ser nominada a la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual dirigió desde 1997 hasta 1999, antes del “golpe constitucional de Estado”, que gestó la fracción panista en el Senado de la República, agraviada por la Recomendación que emitiera el Organismo por el caso de las mujeres muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua –pero esa es otro historia-.
En la Recomendación, la CODHEM advirtió sobre la necesidad de integrar las averiguaciones previas ZIN/II/1248/93 y TOL/HLM/II/4039/93, que fueron radicadas posteriormente en la Agencia del Ministerio Público número dos de Responsabilidades de esa Institución, bajo el número TOL/DR/II/759/93, por las probabilidades responsabilidades penales en los hechos. Ante la deficiente integración la Comisión señaló:
“En una situación como la que se vive actualmente en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, la falta de integración de la averiguación previa y su consecuente ejercicio de la acción penal, es un factor que crea condiciones adecuadas para la proliferación de grupos de internos con poder, amparados en su aparente impunidad.”
Desde siempre, desde entonces, después y actualmente, la situación en el sistema penitenciario persiste y se ha vuelto el statu quo dentro de los centros de prevención y readaptación social.
El auge que fueron tomando los organismos públicos de protección y defensa de los humanos entonces, con el paso del tiempo y la transición del Ombudsman en un sistema burocrático e inútil por la conducción de sus titulares, –que más que
defensores de los derechos fundamentales, son políticos rescatados del desempleo-, ha contribuido a agravar la crisis que vive el sistema penitenciario actual, en el país y en el Estado de México.
El diagnóstico ha sido el mismo, siempre o casi siempre. Lo documentado entonces por el Organismo estatal fue claro entonces y sigue prevaleciendo casi 25 años después: “…"Los fallecidos y lesionados organizaron un grupo que se dedicaba a robar, amenazar, golpear y extorsionar a los internos de dicho Centro Penitenciario.”
Los testimonios y el hecho de que el propio Director del Centro preventivo fuera objeto de la investigación ministerial, dan cuenta que los responsables “… integrantes de la Banda Púrpura, creada desde el año de 1991 o 1992, fue en cierta forma auspiciada, patrocinada, solapada por el C. Lic. Roberto Valdemar Moreno Amud… quien tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas de esta banda, quienes se dedicaron durante todo este lapso a robar, extorsionar, lesionar, maltratar y en muchas ocasiones aún cuando no ha quedado esto demostrado violar a los internos… así como cometer homicidios…”
En la histórica Recomendación 12/94, la CODHEM expuso:
“La lucha por reducir y prevenir los grupos de poder ilegal que forman los internos de mayor peligrosidad y conflictividad, constituyendo verdaderos conjuntos organizados con fines de asalto, agresiones sexuales, extorsiones y venta de protección, alcanzando el denominado autogobierno el cual genera en los Centros de Prevención y Readaptación Social verdaderos cotos de poder que son comandados por los internos más fuertes para obtener beneficios particulares a costa de los más débiles, generando una corrupción encubierta por las autoridades. Esta situación avasalla la dignidad de los internos y desestabiliza al órgano de dirección del Centro haciéndolo perder el control del mismo, algunas veces con resultados fatales, como es el caso del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde, como se ha demostrado con las evidencias enumeradas en el capítulo respectivo, se permitió por parte del órgano de Gobierno de esa institución, la génesis y fortalecimiento progresivo del poder en un grupo de población, al que se le permitieron algunos excesos en detrimento de las libertades y derechos del grueso de la población penitenciaria.”
Recientemente, lo relatado en las notas periodísticas donde se observa a un grupo de internos, ejerce una forma de autogobierno sometiendo a otros internos a prácticas de tortura, que eran videograbadas y enviadas a los familiares para
extorsionarlos, es apenas la punta del iceberg de lo que sucede en los sótanos oscuros del sistema penitenciario.
Otro síntoma de la sostenida y permanente degradación del sistema penitenciario se suscitó apenas este lunes, un motín al interior del Centro de Prevención y Readaptación Social de Chiconautla.
Y podríamos evocar otros sucesos y con seguridad que nos enteraremos de otros incidentes más. La ineficacia e ineficiencia de la autoridad para establecer el control en un espacio cerrado, en el que –en teoría- debiera prevalecer el orden y la disciplina, no es más que el reflejo del clima social y la incapacidad para combatir la inseguridad en los espacios abiertos, en los que la sociedad desarrolla su actividad cotidiana.
La timidez –por evitar eufemísticamente decir cuasi complicidad de los organismos defensores de derechos humanos de las últimos tres lustros-, en la actuación del Ombudsman, por evaluar y proponer soluciones a la problemática del sistema penitenciario, es muy riesgosa y cuesta mucho a los contribuyentes.
Habría que volver a lo básico. Al estudio profundo de las cosas; al cuestionamiento del statu quo; a la investigación serie de los hechos y a la emisión de Recomendaciones valerosas que trasciendan, que evidencien, que propongan, que acaben con la impunidad, no importa que con ello el Ejecutivo del Estado tenga que dar la cara.
Es momento de una evaluación del papel del Organismo Defensor de los Derechos Humanos en la entidad. Quien lo dirige, debe entender que no es la Universidad lo que tiene en sus manos, sino el destino de los derechos fundamentales de todos los mexiquenses, estén o no recluidos en un centro de prevención y readaptación social.
CARPE DIEM
¿Cuándo fue la última visita que realizó personal de la CODHEM a los centros de prevención y readaptación social? ¿Qué encontró? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la última recomendación relativa al sistema penitenciario mexiquense? ¿Qué seguimiento le dio? ¿El seguimiento de las Recomendaciones es de gabinete? ¿Qué hizo la flamante Fiscalía general de Justicia (autónoma, por cierto) en el caso del interno Luis “N” alias “El Tatos”? ¿Cuántos “Tatos” hay en el sistema penitenciario navegando en la nave de la impunidad? ¿Quién los investiga?
La última y nos vamos…
Como se dice en el argot: con una simple entrevista banquetera, el psicólogo Barrera Baca intenta atajar la crisis financiera de la Máxima Casas de Estudios mexiquense. Ninguna alusión hizo a las prestaciones laborales docentes que ha dejado de pagar la Universidad estatal; minimiza el hecho y hasta ahora no hay quién se dé a la tarea de investigar. La cuestión tiene más de fondo.
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