Del dicho a los hechos…
En el Estado de México se denunciaron 291 mil 3 delitos durante el 2017. Esto representa un promedio mensual de 24 mil 250 delitos, o un promedio diario de 808 delitos, que fueron denunciados ante las agencias del ministerio; es decir, cada hora se denuncian 33 delitos en las agencias ministeriales de la entidad.
El análisis estríctamente estadístico, a partir de las cifras oficiales que se reportan al Sistema Nacional de Seguridad Pública, no refleja la realidad porque a estos números queda sumarles la llamada “Cifra Negra”, que son esos delitos ‒ probablemente también padecidos por usted y yo ‒ no denunciados, principalmente, por la percepción que tenemos de quienes son responsables de investigarlos.
Si se profundiza un poco más, se sabe, pues, que se cometieron y denunciaron 62 mil 589 robos con violencia, lo que arroja una proporción de 5 mil 215 robos durante un periodo de un mes y equivale a 174 cada día, 7 cada hora y poco más de uno cada 10 minutos.
En una nota periodística leí que el ahora Fiscal General de Justicia remitió circulares a los servidores públicos con el propósito de garantizar la protección de las víctimas, efectuar investigaciones sobre aquellos hechos en los que se utilicen armas de fuego y evitar actos de tortura con la intención de que se respeten los derechos humanos.
Inevitablemente, la tarea del organismo defensor de los derechos humanos es verificar que un órgano como éste, responsable de una encomienda constitucional tan relevante para la sociedad, prepare a sus servidores sobre un tema que es constitucionalmente obligatorio: respetar la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado de México y las leyes que inscritas en ambas.
Sin embargo, el quehacer del ombudsman mexiquense, una institución que ha perdido tanto la fuerza moral como el respaldo de quien la preside, también deja mucho que desear. De las 35 recomendaciones que ha emitido por violaciones a los derechos humanos, apenas 4 han sido dirigidas a la Fiscalía General de Justicia.
En su informe de gestión 2016 ‒ no está disponible aún el correspondiente al ejercicio del 2017 ‒ reporta que se recibieron un total de 8 mil 198 quejas que representan un promedio mensual de 683 expedientes. De ellas, apenas 28 concluyeron en una recomendación; es decir, un 0.34% de las quejas presentadas por la ciudadanía concluyen que existen violaciones a los derechos humanos y el proceso termina con una recomendación.
Frente a estas cifras, la Fiscalía General de Justicia ‒ entonces Procuraduría General de Justicia ‒ era la autoridad que sumaba mil 875 quejas, que representan el 21.5% del total; es decir, una de cada 5 quejas presentadas a la comisión señala como presunta responsable de atenderlas a la actual Fiscalía General de Justicia.
Pero algo más se gesta en en la estadística de la CODHEM: 3 mil 576 de las quejas que recibe son expedientes concluidos por no tratarse de violaciones a derechos humanos, lo que significa que el 43.6% de ellas no son consideradas violaciones como tales. Entonces, ¿qué son? Si 4 de cada 10 quejas no califican, ¿a qué va la población a quejarse?
Por otro lado, hay aún más acerca de las dudas sobre estas cifras oficiales: 993 de las quejas no consideradas hechos violatorios a los derechos fundamentales corresponden a la Fiscalía General de Justicia; esto es, el 27.7% que señalan a esta autoridad no son hechos violatorios según la CODHEM.
Algo en las cifras no cuadra. Los números oficiales ejemplifican también el modelo preventivo de seguridad tanto municipal como estatal. La magnitud de la suma, por simple y llana probabilidad, permite inferir que es ahí donde pueden encontrarse más fallas en la aplicación del sistema de procuración de justicia y, por ende, también mayores posibilidades de transgredir los derechos ciudadanos. Según esto, el organismo revela que en el Estado, no sólo en la Fiscalía General de Justicia, no pasa nada.
CARPE DIEM
Señor Olvera, no se requiere que la sociedad se apropie de sus derechos humanos, sino que el organismo encargado de protegerlos cumpla su función constitucional. En su opinión, como especialista en Derecho, ¿aún es vigente el concepto de que las defensorías municipales dependan de la CODHEM?, quizás resulte pertinente una relectura del artículo 115 constitucional.
La última y nos vamos…
¿Qué está negociando o negoció la ex subprocuradora de Protección Animal -protegida de un actor de farándula- por su despido y las denuncias que realizó por acoso? ¿Por qué de repente ya no se supo más de ella?
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