Una somera evaluación de la reforma que estableció la autonomía de la Fiscalía General de Justicia la ubica como intrascendente. La visión política de que por decreto las cosas cambian ha sido un sonoro fracaso en muchos campos, pero aun así no se aprende de los errores.
En el primer tercio del año -hasta abril- se reportan 703 homicidios dolosos y frente a ellos, apenas 18 feminicidios desde la óptica oficial, aunque el conteo de algunos medios de comunicación al menos triplica esa cifra.
¿Qué ha cambiado entonces con la reforma?
Nada. Sólo la metodología para el reporte oficial de la incidencia delictiva, que en otras columnas hemos comentado.
Pero la realidad sigue igual. La policía preventiva no es capaz, ni siquiera se asoma a poder limitar el poderío y la omnipresencia de la delincuencia. Los ocho delitos de trata de personas y los 54 secuestros extorsivos que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública no son siquiera un leve reflejo del problema.
Los “levantones” son actividad cotidiana en el territorio estatal; una persona conocida de este escribano, mujer, joven, estuvo a punto de ser subida a un auto. Y este no es un caso aislado, las cerca de 4 mil personas desaparecidas -aunque la Fiscalía insista en un discurso eufemístico- son una consecuencia o, al menos, una parte de las consecuencias asociadas a los niveles del índice delictivo oficial.
Los casos de niñas adolescentes y jóvenes son preocupantes. Que estos ocurran en una zona de Ecatepec; es más, que algunas de las víctimas compartan rasgos y similitudes físicas, es motivo de una profunda y penosa reflexión.
No se requiere transformar la naturaleza de las instituciones. Se requiere cambiar el enfoque, la actitud y el compromiso de quienes hacen esas dependencias.
La Procuraduría, Fiscalía, Representación Social, llámese como se llame, es un gran pantano por el que ninguna ave sale con el plumaje limpio.
El diseño o la reingeniería institucional se quedó sólo en el nombre.
En el documento titulado “Estándares internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías”, elaborado por la Fundación para el Debido Proceso (Due Process of Law Foundation), se destaca lo siguiente: “… el atributo de la autonomía está relacionado con diversos procedimientos institucionales e individuales, que comprenden el adecuado perfil del titular, un procedimiento de designación orientado al mérito y acorde a estándares internacionales, donde haya oportunidad de hacer un escrutinio real de las y los candidatos y posibilidades de participación de la sociedad civil y cualquier actor interesado, rendición de cuentas ante la ciudadanía de la gestión y la implementación de la política de persecución penal, un servicio profesional de carrera adecuado, órganos de control interno e instancias adecuadas que investiguen y sancionen las faltas o delitos cometidos por los servidores públicos, entre otras garantías.”
Frente al oleaje que produjo la reforma procesal penal que instauró el sistema acusatorio, se ha esbozado desde hace meses la posibilidad de conformar una agenda legislativa de contrarreformas a este sistema, por las rendijas que presenta.
Pero la transformación y los resultados no provendrán sólo de los cambios administrativos y legislativos. Se requiere una refundación institucional que saque del escenario a quienes se han anquilosado en la institución procuradora de justicia. Que haya gente nueva, con ideas frescas, con ética novedosa, con creatividad e innovación en la aplicación de la ciencia en la investigación y combate al delito.
Si eso no sucede, ni el perfil del titular, ni el procedimiento de designación actual, alejado de la meritocracia y acorde a estándares internacionales, como la transparencia y rendición de cuentas, el mejoramiento de la política de persecución penal, el servicio profesional de carrera inexistente -gracias al gobierno pueblerino instaurado por la clase política de Ecatepec- cambiarán el estatu quo en esta entidad.
CARPE DIEM
El 24 de mayo iniciarán las campañas en el Estado de México. Pero parece que la moda y la tendencia es no despeinarse. Para eso están las redes sociales.
A nivel federal, las campañas son invisibles.
La última y nos vamos…
El fin de la intentona auriverde de reformar su marco normativo aún es incierta. La imposición pretendida por la administración de Alfredo Barrera y su ideóloga no terminan por convencer, pero eso no es relevante.
El teatro montado, enviado de los secretarios y directores generales del gabinete a los espacios para difundir la reforma universitaria, no sólo ha sido un fracaso, sino también una estrategia fallida que evidenció las carencias de los propios adalides de la reforma para explicar, convencer, analizar o siquiera entender lo que promueven.
Nos leemos en otra semana caótica.
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