Vivir en sociedad es de lo más difícil. Implica el muy poco probable hecho de ponernos de acuerdo con todos los demás en infinidad de tópicos: quién manda, cuáles reglas se aplican, de qué vivimos, cómo nos comunicamos y un larguísimo etcétera. La vida en sociedad es, sin embargo, una de las características inherentes a la especie humana. Así es, por paradójico que resulte, vivir en sociedad es lo nuestro, pero es muy difícil.
Los grupos sociales más pequeños, que son las familias, nos pueden mostrar lo difícil que resulta mantener una convivencia armoniosa. Sin embargo, en la mayoría de los grupos familiares las dificultades se superan debido al afecto, al cariño entre los miembros de la familia. Ya cuando hablamos de grupos más grandes, los problemas suelen ser gestionados apelando a valores comunes, que van desde lo identitario hasta los religioso, pasando por lo económico y otros medios que allanan el camino de la vida compartida.
La vida compartida se rompe con demasiada facilidad cuando se hace presente la violencia. Cuando una parte del grupo social ejerce violencia sobre los demás, se requebraja el equilibrio de la vida en comunidad. Así es, la violencia representa el fracaso de la vida común.
El comienzo
No es una novedad para nadie señalar que en nuestro país hay expresiones de violencia cotidiana, sistemática y rutinaria que están resquebrajando el tejido social. Desde finales del siglo pasado el país inició una espiral de violencia que no se ha detenido hasta hoy. En la segunda mitad de los años 90 se batieron todos los records en número de secuestros, robos, asesinatos y el contrabando de droga generó grupos delictivos cada vez más extendidos. Luego, en el año 2006, el proceder basado en la violencia fue potenciado por una política de corte bélico: la guerra contra el narco.
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Estas acciones basadas en la violencia derivaron (como era lógico esperar) en mayor violencia. Los grupos delictivos ya no sólo eran traficantes, ahora se convirtieron en grupos beligerantes cada vez más numerosos, mejor armados y violentísimos. Son grupos creados para pelear, para ejercer violencia y, por medio de ella, obtener beneficios económicos. Antes de la llamada guerra contra el narco, el comportamiento era a la inversa: los grupos se organizaban para hacer dinero delinquiendo y, si era necesario, se usaba la fuerza para allanar el camino de los negocios.
Hoy la presencia de estos grupos, cuyo propósito y signo distintivo es la violencia, es tal que en cada vez más numerosas zonas del territorio nacional han desplazado a la población. Se estima que entre 260,000 y 357,000 mexicanos han dejado sus hogares por diversos motivos, entre los cuales la violencia está en primer lugar. A este fenómeno se le conoce en términos técnicos como Desplazamiento Forzado Interno. Apenas fue reconocida su existencia en México. llo se debe a las dimensiones que ha alcanzado.
Reconocimiento de la autoridad
La semana pasada fue presentado el libro Desplazamiento Forzado Interno en México: Del reconocimiento a los desafíos, en el cual se docuementa que, en los últimos años, un promedio diario de 38 personas dejó sus hogares a causa de la violencia. Así es, hablamos de personas que fueron amenazadas, extorsionadas, despojadas o que sencillamente llegaron a tal nivel de inseguridad que decidieron desterrarse. Las entidades con una mayor presencia de este fenómeno de desplazamiento por violencia son: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.
No se trata de fenómenos inauditos, pues por lo menos a nivel periodístico se reportaron episodios de desplazamiento masivo en al menos 138 casos en los últimos 5 años. Esto de 2016 a 2021, según se dijo en el evento de presentación del libro ya referido). El propio subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció en tal evento que la violencia de grupos delictivos en México ha desplazado a la propia autoridad en algunas zonas y ello las deja en absoluta indefensión, por lo cual la única salida que les queda es exiliarse.
Los autores del libro destacan, en los distintos capítulos del mismo que, entre las principales afectaciones materiales que tienen las víctimas de desplazamiento están la pérdida de viviendas, tierras y otras propiedades, además de daños a las mismas, incluyendo la quema de y el apoderamiento de su ganado y cultivos.
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Estamos hablando, pues, de una violencia que destierra, que obliga a la gente a salirse de sus casas por un tiempo o de manera definitiva, porque donde nacieron o hicieron su vida no hay quien pueda garantizar su integridad física y/o patrimonial. Las condiciones para vivir en comunidad se han roto en muchas de esas localidades que presentan desplazamiento forzado y esta es una de las expresiones más radicales de la violencia, porque destruye las condiciones de posibilidad para vivir en sociedad y también debido a que deja una de las huellas más imborrables en las víctimas, pues desarraiga, debilita el sentido de pertenencia y de identidad.
Reconocer la existencia de este problema es ya un primer paso. La autoridad lo ha hecho y ya hay trabajos que lo documentan, como el libro recien publicado. No obstante, se advierte de verdad muy difícil impedir que siga ocurriendo en el corto plazo. Es un problema que derivó en años de alentar, solapar, proteger o incitar a los grupos que ejercen violencia. La naturaleza belicosa de dichos grupos los lleva a confrontarse con todos, porque en un contexto de pelea constante, todos son “el enemigo”; y donde sólo veo enemigos es imposible la vida en sociedad.