Después de una semana marcada por 28 homicidios, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron a más de 6 mil elementos en 34 municipios del Estado de México.
La movilización forma parte del Operativo Otomí, una ofensiva de gran escala con la que el Gobierno estatal busca contener la violencia, recuperar el control territorial y localizar a los probables responsables de delitos de alto impacto.
La primera intervención dejó 89 personas detenidas y acciones en más de 80 inmuebles, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México mediante el comunicado 0886/2026, emitido este 25 de septiembre.
El despliegue ocurre después del reciente repunte de asesinatos. Sólo el martes 22 de septiembre se registraron 15 homicidios, la cifra diaria más alta reportada en la entidad durante 2026.
El episodio no revierte por sí mismo la reducción anual de los homicidios, pero sí representa un pico extraordinario que obligó al Gobierno estatal a reforzar su estrategia de seguridad.

Más de 6 mil elementos
En el Operativo Otomí participan integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal, policías municipales y Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Las acciones se concentran principalmente en la zona oriente, donde se reforzaron la vigilancia, los patrullajes, las revisiones y las investigaciones en puntos identificados como prioritarios.
El dispositivo comprende recorridos a pie y en vehículos, inspecciones, barridos territoriales y puestos de atención ciudadana instalados en lugares y horarios variables.
También se emplean cámaras de videovigilancia del C5, drones y sobrevuelos del helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad.
La magnitud del Operativo Otomí supera el primer despliegue del Plan Emergente de Atención a Homicidios Dolosos, anunciado tras conocerse los asesinatos de los primeros días de la semana.
Aquel dispositivo comenzó con 450 policías estatales y 250 integrantes de la Defensa y la Guardia Nacional. La nueva fase multiplica la fuerza movilizada y extiende las operaciones a 34 municipios.

Cinco eran buscados por homicidio
De las 89 personas detenidas durante las primeras acciones, cinco contaban con órdenes de aprehensión por homicidio calificado.
Las otras 84 fueron aseguradas en flagrancia por su probable participación en delitos contra la salud, encubrimiento por receptación, portación de armas de fuego, robo y feminicidio en grado de tentativa, entre otras conductas.
La cifra debe leerse con precisión: no se trata de 89 personas detenidas por los asesinatos recientes. El resultado directamente relacionado con el combate al homicidio se concentra, hasta ahora, en las cinco órdenes de aprehensión cumplimentadas.
La Secretaría de Seguridad no informó las identidades de los detenidos, los casos que se les atribuyen ni si alguno se encuentra relacionado con los 28 homicidios registrados durante la semana.
Establecer esa relación será una de las primeras pruebas para determinar si el despliegue consigue trascender la contención inmediata y avanzar hacia el esclarecimiento de los crímenes.

Intervienen más de 80 inmuebles
Las corporaciones realizaron acciones en más de 80 propiedades. Al menos diez quedaron bajo resguardo de las autoridades en Toluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Valle de Chalco, Tultitlán, Tezoyuca, Texcoco y Melchor Ocampo.
Durante las intervenciones fueron asegurados vehículos y motocicletas presuntamente utilizados en actividades delictivas, además de unidades con reporte de robo, armas de diferentes calibres y sustancias con características de drogas.
El comunicado no precisa cuántas armas, unidades o dosis fueron aseguradas ni desglosa las detenciones e inmuebles intervenidos por municipio.
Las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar responsabilidades y establecer su posible relación con otros delitos de alto impacto.
La presencia contiene; la justicia resuelve
Un despliegue de estas dimensiones puede inhibir temporalmente la comisión de delitos, aumentar las revisiones y reducir la capacidad de movimiento de los grupos criminales.
Sin embargo, la presencia policial por sí sola no esclarece un homicidio. Para evitar que la violencia reaparezca cuando disminuya el operativo, cada asesinato requiere una investigación capaz de identificar a los responsables, reunir pruebas, ejecutar detenciones y sostener las acusaciones ante los tribunales.
La respuesta integral involucra a todo el sistema de justicia. Las policías deben preservar las escenas y obtener información; la Fiscalía necesita peritos, agentes del Ministerio Público y policías de investigación; el Poder Judicial debe procesar los casos, y el sistema penitenciario recibir a quienes sean sentenciados.
Esa cadena es menos visible que el despliegue de patrullas, soldados y helicópteros, pero constituye el mecanismo más efectivo para combatir el crimen: hacer que matar tenga consecuencias y evitar que los homicidios queden impunes.

La prueba vendrá después
La primera jornada del Operativo Otomí mostró capacidad de movilización y coordinación entre los tres órdenes de gobierno. También permitió cumplir cinco órdenes judiciales por homicidio y detener a decenas de personas por otros delitos.
Su resultado definitivo no podrá medirse únicamente por el número de agentes desplegados, revisiones realizadas o personas detenidas.
La evaluación deberá considerar cuántos homicidios fueron esclarecidos, cuántos probables responsables quedaron vinculados a proceso, cuántas sentencias se obtuvieron y si la incidencia disminuye de manera sostenida.
La presencia policial puede contener la violencia inmediata. La investigación y la justicia son las que pueden impedir que la impunidad prepare la siguiente ola.


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