Toluca, Méx.- Armando García Salazar, a quien le derribaron su casa en abril pasado para continuar con la obra de la autopista Toluca-Naucalpan que atraviesa por San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, acudió este lunes a Palacio de Gobierno acompañado por sus hijos y familiares, para exigir se cumpla con los acuerdos para restablecer la vivienda.
Explicó que hace seis meses fue derruida su casa sin fundamento, pues el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem), además de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), además de las empresas Teya y Grupo Higa emplearon documentación falsa para continuar con el trazo de la construcción.
Refirió que las declaraciones de la consejera jurídica, Luz María Zarza son ilógicas, pues no solicitó 10 millones de pesos como resarcimiento del daño, sino lo referido en los avalúos que realizó el gobierno mexiquense, además del que hizo un perito contratado de forma independiente, estipulado en un documento presentado hace un mes en una reunión con el secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga.
“Ella mencionó que yo estaba exigiendo mucho dinero por mi casa; le vengo a decir que es falso. Lo que he pedido tiene fundamento, lo conoce el director del Saascaem y el secretario General de Gobierno. No quiero que me regalen nada, sólo lo justo, sin contar el daño moral que me ha causado este problema que lo debemos ver con otra instancia”, dijo.
Precisó que su único delito es defender la tierra, sus bosques, y encabezar una lucha o resistencia de una comunidad completa que se niega a que sea afectado el bosque y una comunidad otomí por una vía que no necesariamente debe partir a la mitad el bosque.
“Por lo menos en el tramo de San Francisco Xochicuautla hemos ganado los amparos interpuestos desde hace varios años; es más, nos dijeron en la última reunión que no es posible llevar a cabo un cambio de ruta porque el presupuesto se triplica, pero eso no es de nuestro interés, porque lo que buscamos es defender nuestro territorio”, expuso.
Sobre la declaración de la misma Consejera Jurídica del gobierno mexiquense en relación a que el amparo interpuesto por el daño sicológico a niños de la comunidad debido al avance de la maquinaria, el afectado aseguró que “son sólo formas de dar largas a la respuesta que deben dar según lo convenido hace más de 100 días, cuando por un error tiraron su casa”.
Expresó su preocupación por que las autoridades estatales pretendan concluir el sexenio sin pagar la construcción de la casa, además de otros compromisos.
“Además no me gustó la actitud hacia mí, porque Manzur Quiroga me dijo que estoy dramatizando porque la casa ya está tirada, y que sólo buscan la forma de que paguen por ella. Pero no los voy a buscar, sino son ellos quienes tienen que pagarme, dicen que son comprometidos”.
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