Con los votos de la izquierda, la LXII Legislatura despenalizará por fin el aborto en el Estado de México. Es un hecho. La ampliación de libertades y derechos de la agenda progresista empieza, ahora sí, a materializarse.
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Es absurdo, pero en esta entidad —territorio donde más violencia se ejerce contra las mujeres en todo el país— el aborto está penado con 5 años de cárcel al personal médico que lo practique y 3 años a las mujeres que recurran a él. Absurdamente, el Estado de México es una de las 16 entidades de la república que lo criminalizan.
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El clero católico mexiquense, muy influyente durante el régimen anterior, presiona para impedir la despenalización, pero no lo conseguirá, esta batalla la tiene perdida, afortunadamente para las mujeres en particular y, en general, para el régimen de libertades.
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Uno de los temas de los que extrañamente no se habla es el de la riqueza mineral del Estado de México. Aquí hay oro, plata, cobre, zinc y plomo que extraen un puñado de empresas mayormente extranjeras y que pagan prácticamente nada. Ha llegado el momento de que el nuevo gobierno haga algo y ponga orden.
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Desde las cloacas del poder político, económico y criminal se endereza una campaña de presión y desprestigio contra el fiscal José Luis Cervantes. Están muy alterados frente a la pérdida de privilegios e impunidad. Quisieran tirarlo en represalia. Fracasarán.
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