La ministra Lenia Batres conversó largamente con AD este miércoles sobre los efectos generales de la Reforma Judicial en marcha y, en particular, en el Estado de México. No se la pierdan, ya está disponible en todas nuestras plataformas.
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El Poder Judicial del Estado de México tal y como se le conoce no será más. En junio del siguiente año, jueces y magistrados deberán ser designados por el pueblo a través de voto directo y secreto, así lo ordena la reforma en marcha. Será necesario entonces nombrar a un presidente de transición que no podrá durar en el encargo más de 6 meses, solo de enero —cuando termina el periodo de Ricardo Sodi— y hasta junio, cuando su relevo deberá ser electo por la gente.
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Desde hace meses, Sodi cabildea con sus magistrados afines para influir en la sucesión, en su cálculo obviamente no estaba que se aprobará la reforma constitucional como sucedió la madrugada de este miércoles. Todo el plan se le viene abajo. Es probable que ahora intente la ampliación de su periodo por 6 meses más para conducir la transición, lo cual es improbable, por no decir imposible. Sodi se va.
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Los actuales magistrados que tenía la aspiración de suceder en la presidencia a Sodi también quedarán frustrados, primero, quienes puedan y quieran, deberán someterse a la aprobación ciudadana en las urnas para su ratificación y, entonces sí, buscar la presidencia del Tribunal Superior. El Consejo de Judicatura dejará de existir como tal.
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«Donde natura non da Salamanca non presta». La incapacidad de los partidos de oposición para cambiar y ajustarse a la nueva realidad política es crítica. Allí está el emblemático caso de Movimiento Ciudadano, que ahora pretende instalar en la dirigencia estatal al cachorro Rodrigo Samperio. MC pudo ser una fuerza emergente, pero por lo que se ve hace todo lo posible para constituirse en sucursal de un rentable negocio político.
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A propósito de negocios rentables, no está claro quién en el gobierno se quedó con el control del CUSAEM, la empresa público-privada de la policía auxiliar. El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, tiene la parte operativa, pero las finanzas y la administración son un enigma. Mes con mes, factura cientos de millones de pesos que a ciencia cierta no se sabe a dónde van a parar, pero claramente a las arcas públicas no.
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En la medida en que Toluca cada día está peor, la situación económica del alcalde priista, Juan Maccise, es ostensiblemente mejor. La mano que roba se puede ocultar… la que gasta, no, dicen los criminalistas.
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