El Congreso del Estado de México aprobó ampliar los supuestos de amnistía en favor de personas privadas de la libertad, así como la creación de la Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia.
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El dictamen conjuntó iniciativas del diputado Octavio Martínez Vargas, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Durante la sesión, se destacó que la ampliación de los supuestos permitirá otorgar amnistía a personas cuyos procesos carecieron de perspectiva de género, de derechos humanos o se desarrollaron en condiciones de vulnerabilidad, desventaja o asimetría manifiestas.
El diputado Octavio Martínez señaló que estas modificaciones representan una nueva oportunidad para quienes han sido privados de su libertad de manera injusta.


“Se abre una esperanza para las personas privadas de su libertad”, expresó.
Nuevos supuestos de amnistía
Las reformas incorporan nuevos criterios para acceder a este beneficio, entre los que destacan:
- Mujeres acusadas o sentenciadas que no fueron juzgadas con perspectiva de género o de derechos humanos.
- Personas procesadas bajo condiciones de vulnerabilidad manifiesta, desventaja o asimetría.
- Casos en los que existan resoluciones o recomendaciones de organismos internacionales, nacionales o locales de derechos humanos que acrediten violaciones al debido proceso.
- Personas privadas de la libertad, incluso por delitos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal, cuando se comprueben irregularidades en su proceso.
- Personas que auxiliaron, con consentimiento de la madre o persona gestante, en la interrupción del embarazo.
- Personas mayores de 65 años con enfermedades terminales o crónico-degenerativas graves debidamente diagnosticadas.
Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía
Las reformas también contemplan la creación de este órgano parlamentario, que podrá promover o solicitar el trámite de amnistía para que una persona recupere su libertad, además de reforzar la defensoría pública en estos procesos.
La comisión conocerá casos relevantes presentados por familiares, organizaciones civiles u organismos defensores de derechos humanos debidamente registrados y sin fines de lucro.
La Comisión se integrará a propuesta de la Junta de Coordinación Política y con la aprobación del Pleno, garantizando la participación de los distintos grupos parlamentarios.
Este órgano podrá solicitar opiniones consultivas a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial y la Consejería Jurídica, así como recabar la participación de especialistas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Tras el análisis de cada expediente, la comisión podrá solicitar al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México promover la solicitud de amnistía ante la autoridad judicial.
Dicho instituto brindará asesoría y defensa jurídica a las personas solicitantes.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México proporcionará orientación especializada para identificar posibles violaciones a derechos humanos o al debido proceso.
Estadísticas
De acuerdo con cifras del Poder Judicial estatal, hasta noviembre de 2024 se habían otorgado:
- 3,108 amnistías por la vía jurisdiccional directa;
- 17 a través de la Comisión de Derechos Humanos;
- 1,152 por la vía legislativa.
Estos datos posicionan al Congreso mexiquense como el segundo espacio más relevante en la promoción de procesos de amnistía.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que el 36.3% de las personas privadas de la libertad en México —más de 85 mil— no cuentan con sentencia definitiva. En el caso del Estado de México, se estima que entre 10 mil y 12 mil personas se encuentran en prisión preventiva oficiosa.


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