En una ocasión tuve la oportunidad de conocer a un grupo de mujeres activistas, ellas se habían involucrado en un tema de gran relevancia para nuestro país, “la desaparición de personas”, porque no había dolor más grande en una familia que la incertidumbre de perder a un familiar y de no saber que ocurrió con él, que era una especie de duelo inacabado y que sentían que cada día morían un poco, por tantas hipótesis que experimentaban sobre el paradero de sus seres queridos.
Por eso, creo que es muy importante resaltar que hace un par de horas el pleno de la cámara de diputados aprobó, luego de dos años de discusión, la minuta mediante la cual se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Ahora bien, para investigar y combatir este delito la ley establece la distribución de competencias y la forma en que se coordinarán las autoridades de distintos órdenes de gobierno, para ello se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
Organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional reconocieron la aprobación de la iniciativa, pero también se pronunciaron para que las autoridades apliquen de manera pronta los protocolos que se establecen y que la misma sea nutrida con el dinero público necesario para su funcionamiento, pues a pesar de que todos sabemos que el sufrimiento de las familias de las víctimas no es cuantificable, la voluntad del Estado es enfrentar este flagelo.
Y para entender un poco más la importancia de esta normatividad, recordemos que de acuerdo en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, refirió que la cifra de desaparecidos superó más de 30 mil personas en los últimos años; por lo que ahora será más fácil dar con el paradero de las personas que desaparecen pues ya existirán instrumentos para encontrarlos de manera más rápida y certera.
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