Ley de la UAEM: ¿Reformar para qué?

En medio de protestas (no todas ellas hechas públicamente) y sin lograr todavía posicionar firmemente la idea de que es necesario reformar su Ley, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) continúa con el proceso encaminado a tener un renovado marco normativo que rija su actuar. La inconformidad por parte de los universitarios se ha centrado, creo yo, en dos cosas: primera, la pretensión de ampliar el periodo del rector y directores de escuelas y facultades, pasando de 4 a 6 años; y, segunda, los modos utilizados para impulsar la propuesta de reforma. La primera de las fuentes de
mayo 11, 2018

En medio de protestas (no todas ellas hechas públicamente) y sin lograr todavía posicionar firmemente la idea de que es necesario reformar su Ley, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) continúa con el proceso encaminado a tener un renovado marco normativo que rija su actuar. La inconformidad por parte de los universitarios se ha centrado, creo yo, en dos cosas: primera, la pretensión de ampliar el periodo del rector y directores de escuelas y facultades, pasando de 4 a 6 años; y, segunda, los modos utilizados para impulsar la propuesta de reforma.

La primera de las fuentes de inconformidad obedece a la naturaleza del ejercicio del poder: necesita argumentos que se tomen por válidos para permitir la acción de unos sujetos sobre otros. Cualquier posición de poder sólo puede ser animada y legitimada por algunos criterios de verdad que sean tomados por válidos en un tiempo, lugar y circunstancia determinados. El momento que vivimos en nuestra sociedad no está para aceptar y legitimar que alguien permanezca en el cargo más tiempo del que ahora ya está aceptado. Imagínense ustedes que el gobernador o el presidente en turno propusieran que en vez de tener administraciones sexenales ahora fueran de una década. Sería un escándalo. ¿Por qué? Por el descrédito, la endeble legitimidad y el desgaste que hoy padecen los cargos públicos; se volvería irracional esta propuesta. El rechazo sería unánime. Sólo por la vía de la imposición pasaría algo así.

Un ejemplo claro: en la actual campaña presidencial en México se ha utilizado el recurso barato de equiparar al candidato Andrés Manuel López Obrador con el extinto Hugo Chávez para sugerir que, una vez estando en la presidencia, el tabasqueño pretenderá quedarse ahí por muchos años. Se recurre a este recurso precisamente porque se sabe que la opinión pública sería muy difícil que pudiera aceptar y justificar una ampliación del periodo de un presidente. Aquí aplica aquello que sugería Ortega y Gasset: "El Estado es, en definitiva, el estado de la opinión". Las instituciones sólo pueden legitimarse si se acoplan a la opinión pública.

En este sentido es hasta natural el rechazo cuando alguien sugiere que el rector de la UAEM y los directores de sus escuelas y facultades permanezcan seis años en el cargo. Algo distinto sería proponer la reducción del periodo a 3 años. Me atrevo a especular que se hubiera aceptado casi en automático una reducción del periodo. La razón de esto es muy sencilla: la racionalidad que empleamos para aceptar que alguien tenga un cargo público es más proclive a dejarle menos tiempo ahí que a eternizarlo. Y eso se debe a que uno de los pilares de la democracia de nuestros días es un gobierno limitado. Quien no lo entiende así es porque, o no tiene el pulso de la opinión pública, o no le importa.

Ahora, en la justificación de la propuesta de reforma hay un argumento que estimo muy endeble para modificar la racionalidad del poder. Se dice que ampliar en un 50% el tiempo del encargo se debe a "la necesidad de la institución por diseñar, ejecutar y evaluar proyectos a largo plazo que consoliden su desarrollo educativo". Es un hecho que hoy en nuestro país apenas y les alcanzan los argumentos a las instituciones públicas para mantenerse funcionando plenamente, porque entre los ciudadanos no hay convicción de que se les represente adecuadamente, que se administre eficazmente, que se tengan claros los rumbos y por ello apenas y se mantienen dispuestos a dejarse gobernar por ellas.

Bajo esta circunstancia, el que alguien salga con la propuesta de que los proyectos de largo plazo de una institución demandan que una persona se quede en el cargo por más años, definitivamente no se sostiene. Es un anacronismo político. Esto nos conduce a lo que yo identifico como la otra fuente de la inconformidad: los modos seguidos para impulsar la reforma. Se percibe en buena parte de la comunidad universitaria un espíritu autoritario detrás del interés por aprobarla tal cual se propone y rápido. A regañadientes se aceptó iniciar una consulta, comparecer ante la opinión pública y en numerosos espacios se externó la inconformidad por parte de alumnos y profesores, principalmente. Al interior mismo del Consejo Universitario quedó la sensación de que la Oficina del Abogado no se movía con un espíritu democrático y con interés por el debate, sino a la inversa. La ascendencia política y antecedentes laborales de la titular de esa instancia quizá puedan explicarlo.

Si ya decíamos párrafos antes que uno de los pilares de la democracia contemporánea es el gobierno limitado, otro pilar es la participación de todos los miembros de la comunidad. Quiérase o no, cualquier medida que apunta a procesos excluyentes, de toma de decisiones en las cúpulas, de no deliberación pública es rechazada simplemente por estar desfasada de la racionalidad del poder de nuestro tiempo.

De la misma manera que me atrevo a especular que sugerir la reducción del periodo del rector y directores hubiera sido aceptado (y no porque sea la mejor decisión en sí misma); tengo razones para creer que si se hubiera propuesto modificar la ley para que el rector y directores fueran electos por el voto universal y directo de todos los miembros de la comunidad, se hubiera aceptado sin mayor complicación. Reitero: el asunto es de saber leer el estado de la opinión pública. Para los ciudadanos en México, incluidos los universitarios, el poder legítimo nos parece inteligible sólo si está acompañado del consenso, la alteridad, las razones públicas, la transparencia y la tolerancia. El numen de la democracia es la distribución del poder, no su monopolio.

Y aunque esas dos han sido las fuentes de rechazo a la propuesta de Reforma a la ley de la UAEM, yo creo que hay otras cuatro cosas que deben analizarse con mucho cuidado: primero, que el rector dejaría de ser quien nombre al Contralor y al Auditor Externo y que ahora ello pasaría a ser facultad del Consejo Universitario; segundo, que también se otorgue al Consejo Universitario la facultad de autorizar estrategias y mecanismos que den seguimiento a la administración de los recursos financieros; tercero, que los recursos autogenerados por el quehacer universitario, así como los productos y servicios derivados de éstos, contarían con procedimientos y una normatividad propia; y, cuarto, la libertad y plena autonomía que se da a la Defensoría de Derechos Universitarios.

Los tres primeros aspectos son relevantes porque se relacionan directamente con aquello que ha sido materia de escándalo en los últimos años: el uso de las universidades para triangular y prácticamente desaparecer dinero público, que al mismo tiempo ha ido acompañado de un proceso de deterioro de las finanzas universitarias, colocando a varias de ellas en el país en franca banca rota. La UAEM no está a salvo de este riesgo. Esta es una parte muy importante de la reforma a la que siento no se le ha prestado tanta atención.

Finalmente valga decir que, de no aprobarse en esta legislatura la propuesta de reforma a la ley de la UAEM, después serán muy distintas las cosas, tras la elección de nuevos diputados locales, pues la composición partidaria del Congreso local parece que será muy distinta. Seguro que ello está en los cálculos de la administración universitaria.

Las más leidas

Síguenos

PUBLICIDAD

Las más leídas

Síguenos