Los organismos operadores de agua ya no podrán suspender totalmente el suministro por adeudos. La nueva Ley General de Aguas establece que, aun cuando exista falta de pago, debe garantizarse una cantidad mínima de agua para el consumo humano básico.
Derecho humano al agua, garantizado por ley
La nueva legislación reconoce en su Capítulo Primero el derecho humano al agua, el cual debe garantizarse a toda persona, sin discriminación, en:
- Viviendas,
- Escuelas,
- Centros de trabajo,
- Cercanías inmediatas.
Esto obliga a las autoridades a asegurar el acceso continuo al agua potable.

¿Quiénes no podrán cortar el agua?
La ley aplica a los organismos operadores de agua. En el caso del Estado de México, esto incluye a:
- SAPAS,
- SAPASE,
- SAPASUM.
Estos están coordinadas por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).
Lo que dice la Ley General de Aguas
El Artículo 9 establece que el Estado mexicano deberá garantizar, bajo el principio de progresividad, el acceso y uso equitativo y sustentable del agua, mediante la coordinación entre:
- Federación,
- Estados,
- Municipios,
- Participación ciudadana.
El objetivo es salvaguardar el derecho humano al agua de las generaciones actuales y futuras, conforme a estándares internacionales.
De forma específica, la ley señala que:
Los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable ni el servicio de saneamiento por falta de pago; deberán garantizar al menos la cantidad mínima para el consumo humano básico.

¿Qué pasará con los usuarios que no pagan?
La ley también establece que Conagua y las autoridades federales deberán:
- Ajustar reglamentos,
- Emitir nuevos lineamientos.
Ahí se definirán los detalles operativos sobre cómo se aplicará esta protección a los consumidores con adeudos.
Lo que aún falta definir
Aunque la nueva ley impide el corte total del agua, aún no está claro si los próximos reglamentos permitirán:
- Reducir la presión del suministro,
- Aplicar otras medidas administrativas a quienes no paguen.
Esa definición quedará en manos de los lineamientos que emitan las autoridades federales.
Con la nueva Ley General de Aguas, el agua potable se consolida como un derecho humano que no puede suspenderse por completo, incluso ante la falta de pago, aunque todavía falta conocer cómo se aplicará esta protección en la práctica.

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