Este viernes se oficializó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México (Edomex) la «Ley Ingrid», destinada a aplicar penas y prohibir la difusión de imágenes que menoscaben la dignidad de víctimas de homicidio y feminicidio, o que pongan en riesgo la intimidad de sus familiares.
Estas reformas, derivadas del impacto y la indignación social por la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de imágenes tomadas por personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al cuerpo de Ingrid Escamilla Vargas, tienen como objetivo prevenir y sancionar la exposición mediática de contenido audiovisual relacionado con tales delitos.
Bajo estas reformas, se establecen penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para aquellas personas que difundan, entreguen, publiquen, reproduzcan o compartan imágenes relacionadas con cadáveres, causando menoscabo en la dignidad de la víctima o afectando la paz y privacidad de sus familiares.
En caso de que servidores públicos de diversas áreas como Salud, Protección Civil, Seguridad Pública o Administración de Justicia participen en la difusión de este tipo de contenido, se impondrán penas de tres a siete años de prisión y multas de trescientas a ochocientas veces el valor diario de la UMA.
Aumento de penas
Además, se destaca que cuando las víctimas de este tipo de delito sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta en una mitad más de la sanción correspondiente.
La «Ley Ingrid» se originó como respuesta a la difusión de las imágenes de Ingrid Escamilla Vargas tras su homicidio en febrero de 2020. La Procuradora capitalina presentó la iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y combatir la violencia de género mediática. Esta iniciativa se aprobó y publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de febrero de 2021 y se replicó en diversas entidades federativas del país.
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