Ahora resulta, que un trabajador del estado, protegido por el apartado B del artículo 123 Constitucional, a seis meses de haber sido reinstalado, no le pagan su salario, los administradores en turno al parecer tienen la consigna de violentar la ley, no es la primera vez, sin embargo la justicia federal, a través del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, determinó lo siguiente:
“…procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que el tribunal responsable:
a) Notifique a las partes, específicamente al ahora quejoso, el proveído de catorce de julio de dos mil catorce;
b) Emita un proveído en el que atienda de manera inmediata la petición que le fue formulada el cuatro de julio de dos mil catorce, respecto de requerir a la demandada el pago de salarios devengados, lo notifique en breve término, y en lo subsecuente, cumpla plenamente con la garantía de justicia pronta que consagra dicho artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
¿En qué estado que se rige bajo sus leyes, se violentan en perjuicio de un ciudadano que tiene reconocida su personalidad y garantizado sus derechos sin perjuicio de terceros y de ninguna otra legislación?
Ese tipo de estado no cumple con el derecho que es su esencia, dónde quedan las leyes que la sustentan, en que basan su actuar, los asuntos los acumulan desde su propio entender, sólo falta que a todo aquel que se atreva a denunciar sea llevado al paredón y sin juicio alguno sea pasado por las armas como dicen hace poco aconteció, en un estado mexiquense, por cierto en el sur, en tierra caliente para precisión.
Ante este panorama, lo viable es iniciar la revolución, sin armas de fuego, en términos de ley, para no entrar en contradicción.
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