Robo, gritos de auxilio y linchamiento rompieron la calma de Rancho Colorado, una pequeña comunidad de Jiquipilco, en el centro norte del Estado de México. Esta acción es un reflejo del miedo y del hartazgo de vecinos que no se sienten seguros en sus casas.
La noche del pasado viernes, cientos de personas de la comunidad Rancho Colorado, en Jiquipilco, tomaron justicia por su propia mano contra cuatro personas que robaron más de cien mil pesos en efectivo en una vivienda. En ella vivían Ricardo Escobar y su hermano Juan Sebastián Escobar. Los gritos de auxilio alertaron, primero, a sus vecinos inmediatos, quienes fueron creando redes de aviso.
Dos de los delincuentes lograron darse a la fuga, pero dos más fueron aprehendidos por la población. El hombre murió y la mujer quedó herida y está en un hospital. Sobre los dos prófugos, la Fiscalía indicó que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Estatal, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para localizarlos.
Pero, ¿cómo continuó la vida en Rancho Colorado?
Hoy, los vecinos tienen miedo. Temen que puedan regresar los delincuentes, que haya represalias y que la justicia —que ya investiga el caso— no los proteja. Aunque no hay un «toque de queda» formal, suspendieron algunas actividades, como las clases y algunos “mandados”.
Un vecino, que pidió reservar su identidad, aseguró que la vida en Rancho Colorado era tranquila “entre vecinos nos cuidábamos, nunca había pasado algo así. Sí habían robado en la escuela, pero nunca se vieron agresiones”.
La seguridad está a cargo de la Policía Municipal. Durante un recorrido realizado este martes, solo se observó una patrulla de la Policía Estatal y ninguna de elementos federales como Guardia Nacional o Ejército. La reacción fue inmediata: al aparecer el vehículo de AD Noticias, un par de elementos municipales acudieron al lugar.
En un video difundido el 27 de abril, el alcalde de Jiquipilco, Antonio Escobar Félix, lamentó la muerte de Ricardo Escobar, pero aprovechó para politizar el hecho: «Hubo poca empatía y falta de respeto en quienes publicaron narrativas de descalificación, buscando generar confusión y pánico».
¿Qué dice la academia?
La doctora en Ciencias Sociales Adriana Guadarrama, docente de la Universidad Autónoma del Estado de México, señaló que los linchamientos —como el ocurrido en Jiquipilco— son producto de una sensación de inseguridad y de impunidad por parte de las autoridades de todos los niveles.
«En el Estado de México, la sociedad se siente insegura. La percepción de inseguridad coincide con la tasa de incidencia delictiva«, explicó. De acuerdo con un estudio realizado en 2021, en estos intentos de linchamiento predominan los casos relacionados con robos.
El Informe Especial sobre Linchamientos en el Territorio Nacional los define como actos ilícitos y una de las expresiones más graves de la crisis de inseguridad, violencia e impunidad en México. El documento destaca que, ante la desconfianza hacia las autoridades y la incapacidad del gobierno para garantizar convivencia pacífica, el hartazgo social se traduce en violencia contra quienes se consideran culpables.
Para la CNDH, el fin último de los linchamientos —según sus protagonistas— es exigir atención a la inseguridad, aunque en realidad son actos de desprecio al Estado de Derecho.
El problema de los linchamientos en el Edomex
Los linchamientos en el Estado de México no es un fenómeno nuevo. Hay casos emblemáticos como el de Texcapilla y Yebucivi. El 8 de diciembre de 2023, la localidad de Texcapilla se convirtió en escenario de un enfrentamiento que reflejó el hartazgo social. Cansados de pagar el llamado «derecho de piso» a La Familia Michoacana, los pobladores de esta comunidad decidieron levantarse en armas —en su mayoría con palos y machetes— y enfrentarse a los criminales en un campo de fútbol.
En diciembre de 2024, un grupo de pobladores de Yebuciví, en Almoloya de Juárez, realizaron un linchamiento contra cuatro presuntos extorsionadores. Unos 400 habitantes golpearon y prendieron fuego a los presuntos extorsionadores de comerciantes locales, quienes presumiblemente exigían el pago de «derecho de piso»
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